El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer la derogación de un hallazgo científico que durante más de una década sirvió como fundamento central para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. La decisión anula la determinación adoptada en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), que estableció que el dióxido de carbono y otros gases que atrapan el calor ponen en riesgo la salud y el bienestar públicos.
La medida elimina, además, los estándares federales sobre emisiones de escape para automóviles y camiones, y constituye el giro más profundo en política climática desde el inicio del segundo mandato del republicano. El anuncio se realizó en la Casa Blanca junto al administrador de la EPA, Lee Zeldin, y el director de presupuesto, Russ Vought, identificado como uno de los arquitectos del Proyecto 2025.
“Bajo el proceso que acaba de completar la EPA, estamos terminando oficialmente el llamado hallazgo de peligro, una desastrosa política de la era Obama que dañó severamente a la industria automotriz estadounidense y elevó los precios para los consumidores estadounidenses”, afirmó el magnate. Calificó la decisión como “la acción desregulatoria más grande en la historia de EU”.
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La EPA sostuvo en un comunicado que la determinación de 2009 se basó en una interpretación incorrecta de la Ley de Aire Limpio, concebida, según la agencia, para proteger frente a contaminantes con efectos locales o regionales, no frente al calentamiento global. “Esta teoría jurídica defectuosa sacó a la agencia del ámbito de su autoridad estatutaria en múltiples aspectos”, indicó.
FUNDAMENTO EN DISPUTA. El hallazgo ahora revocado surgió después de que la Corte Suprema dictaminara en 2007, en el caso Massachusetts vs. EPA, que la agencia tenía autoridad para regular los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio de 1963. A partir de esa resolución, la EPA adoptó en 2009 la determinación de peligro, que abrió la puerta a normas para vehículos, centrales eléctricas y otras fuentes industriales.
Desde 2010, esa base jurídica permitió fijar límites a emisiones de dióxido de carbono, metano y otros cuatro contaminantes que atrapan el calor. También respaldó regulaciones en instalaciones de petróleo, gas y sobre ciertas aeronaves.
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La derogación elimina requisitos para medir, reportar y cumplir con estándares nacionales en el sector automotor. En la primera etapa, no se aplicaría a fuentes estacionarias como plantas de energía.
Por su parte, Lee Zeldin describió la determinación de 2009 como “el Santo Grial de la extralimitación regulatoria federal”. Añadió que la constatación “condujo a billones de dólares en regulaciones que estrangularon sectores enteros de la economía de EU, incluida la industria automotriz estadounidense”.
Durante la administración de Joe Biden, la EPA proyectó reducir casi 50 por ciento las emisiones de la flota de vehículos ligeros para 2032 respecto de niveles estimados para 2027. Calculó beneficios netos anuales por 99 mil millones de dólares hasta 2055, incluidos ahorros en combustible y mantenimiento. También estimó que los consumidores ahorrarían en promedio 6 mil dólares durante la vida útil de sus unidades nuevas.
La actual administración sostiene lo contrario. Según cifras presentadas por la agencia, la derogación y el fin de los estándares permitirán ahorrar 1.3 billones de dólares a los contribuyentes.
- 1.3 bdd ahorrará la derogación a los contribuyentes
IMPACTO ECONÓMICO. El sector transporte y el energético son responsables, cada uno, de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones nacionales, de acuerdo con datos oficiales. La industria del carbón celebró el anuncio al considerar que podría evitar el retiro anticipado de centrales antiguas. Empresas de servicios públicos han previsto desmantelar más de 55 mil megavatios de generación a carbón en los próximos cinco años.
En tanto, Michelle Bloodworth, presidenta de America’s Power, afirmó que revertir esos retiros “podría ayudar a compensar la necesidad de construir nuevas fuentes de electricidad más costosas y evitar la pérdida de atributos de confiabilidad, como la seguridad del combustible”.
Sin embargo, no todos los actores industriales respaldaron públicamente la decisión. La Alianza para la Innovación Automotriz señaló que las regulaciones previas eran “extremadamente difíciles de lograr” dadas las condiciones del mercado de vehículos eléctricos, pero evitó un apoyo explícito a la revocación.
- 50 por ciento de reducción de emisiones para 2032
Desde el ámbito ambiental, las críticas fueron inmediatas. Fred Krupp, presidente del Fondo de Defensa Ambiental, sostuvo que la medida “sólo provocará más contaminación, lo que a su vez generará mayores costos y perjuicios reales para las familias estadounidenses”. Organizaciones como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y Earthjustice anunciaron que impugnarán la decisión en tribunales federales.
“Se presentará una demanda casi de inmediato y los llevaremos ante los tribunales. Y ganaremos”, declaró David Doniger, abogado principal del NRDC. Expertos anticipan una batalla judicial prolongada que podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema.
Mientras que Robert Percival, profesor de derecho ambiental de la Universidad de Maryland, advirtió que el cambio podría abrir la puerta a nuevas acciones legales por “molestia pública”, una vía que había quedado limitada tras un fallo de 2011 que delegó en la EPA la regulación de estos contaminantes.
A su vez, el expresidente Barack Obama criticó la decisión en la red X y afirmó que, sin la determinación de peligro, “estaremos menos seguros, menos saludables y menos capaces de luchar contra el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero”.
