La Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el oficialismo, y la autoridad electoral comenzaron ayer a definir las reformas solicitadas por el presidente Daniel Ortega, las cuales serán sometidas a votación durante la primera semana de agosto.
La copresidenta Rosario Murillo aseguró que los cambios impedirán elecciones “orientadas por Estados Unidos” y afirmó que ese tipo de comicios “no volverán jamás a Nicaragua”. En el mismo sentido, el presidente del Congreso, Gustavo Porras, dijo que las reformas buscan “no dejar ni un resquicio” para la supuesta injerencia extranjera y evitar que la oposición llegue al poder.
La iniciativa provocó una ola de reacciones. Estados Unidos advirtió que no permanecerá “de brazos cruzados” y pidió a la comunidad internacional unir esfuerzos frente al gobierno nicaragüense. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a restablecer el Estado de derecho y sostuvo que todas las personas, sin importar su tendencia política, deben poder votar.
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Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007 tras regresar al poder y ha sido reelegido en tres procesos cuestionados, descartó celebrar elecciones con participación de sus adversarios.
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