La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer por unanimidad, en una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.
También insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero sólo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango.
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- El Tip: EU denunció que la “dictadura” vetó a su nueva embajadora, ratificada por el Senado, mientras que República Dominicana anunció el cierre de su representación en el país.
La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”.También crea un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua que debe establecer un diálogo con las autoridades del país y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de 90 días.
La Secretaría de Relaciones Exteriores acotó que México no acompañó la resolución en las referencias “que vinculan la situación política y de derechos humanos con riesgos o amenazas para la paz y la seguridad hemisférica”, y dijo que la protección de los derechos humanos y de los principios democráticos “deben desarrollarse de manera compatible con el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”.
Alejandro Encinas, representante permanente de México ante el organismo, expresó durante su intervención que la ampliación de categorías de amenaza de asuntos políticos “podría abrir la puerta a la adopción de medidas que excedan los mecanismos pacíficos y diplomáticos previstos para su atención”.
