El gobierno de Donald Trump pidió ayer a la Corte Suprema de Estados Unidos que ordene separar 20 mil boletas electorales enviadas por correo en California, cuyos remitentes son señalados por autoridades federales como posibles personas sin ciudadanía estadounidense y, por tanto, sin derecho a votar.
La solicitud llegó un día antes de las elecciones de medio mandato, después de que dos tribunales rechazaran los argumentos del Departamento de Justicia para impedir el conteo de esas papeletas.
El gobierno federal exige que las autoridades aparten los sufragios cuestionados y no los contabilicen hasta verificar la ciudadanía de sus emisores. La lista fue elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional y enviada a funcionarios de California y del condado de Los Ángeles.
El Departmento presentó la demanda el 15 de octubre, con el argumento de que el estado incumple una ley federal de 1996 que prohíbe a los extranjeros votar en elecciones federales.
California rechazó la petición y cuestionó la confiabilidad de los registros. Advirtió que los datos federales contienen posibles errores y que la medida podría privar del sufragio a miles de personas con derecho a participar.
Rechazo a la medida. El juez federal David Carter rechazó el 28 de octubre la solicitud de Donald Trump, al considerar que vulneraría la autonomía de California para organizar sus elecciones y pondría en riesgo el derecho al voto. El magistrado también cuestionó los datos federales, pues personas identificadas como no ciudadanas en registros de otros estados resultaron ser ciudadanos naturalizados.
El viernes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito también rechazó bloquear las papeletas. Los jueces señalaron que la Constitución estadounidense otorga a los estados la responsabilidad de organizar sus procesos electorales.
“Si Estados Unidos considera necesarios otros procedimientos para los votos por correo, creemos que debería presentar esa propuesta ante el Congreso, no ante los tribunales”, señalaron.
Justicia argumentó ante la Corte Suprema que, una vez mezcladas las boletas cuestionadas con las demás, sería imposible recuperarlas para verificar su legalidad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la nueva petición como un intento de debilitar las elecciones y prometió defender el derecho al voto.
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom anunció el despliegue de abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado para “proteger cada voto”, en respuesta a la directriz federal de colocar agentes en los centros de votación.
