Agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detuvieron a una empleada del Departamento de Justicia de Nuevo México después de descubrir 43 kilos y 750 gramos de fentanilo en polvo en su vivienda de Albuquerque. La agencia identificó el aseguramiento como el mayor en una sola operación de esta presentación de la droga en su historia dentro del estado.
La detenida, Ángel Ramírez, de 45 años, trabajaba como auxiliar jurídica en la dependencia estatal y ahora enfrenta cargos federales por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
Las autoridades estadounidenses sostienen que su domicilio funcionaba como centro de distribución de estupefacientes, dinero y armamento de una organización criminal, posiblemente mexicana, que introduce diversos estupefacientes en Nuevo México, específicamente en Albuquerque.
Además del fentanilo en polvo que estableció el récord estatal, los investigadores aseguraron aproximadamente 90 mil pastillas falsificadas que contenían esa sustancia, equivalentes a 7.7 kilogramos, así como otros mil 36 gramos del mismo opioide en un recipiente separado. El inventario incluyó 4.4 kilos de heroína, 29 armas de fuego y municiones de distintos calibres.
La Fiscalía federal precisó en su solicitud de prisión preventiva que el dinero localizado en la vivienda superó los 600 mil dólares, mientras que tres de las piezas de armamento tenían reporte de robo.
“Durante esta operación, los agentes de la DEA, junto con nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, incautaron más de 40 kilogramos de fentanilo en polvo, que representan más de tres millones de dosis potencialmente mortales destinadas a nuestras comunidades”, declaró Robert Eric Castañeda, agente especial a cargo de la División de El Paso de la dependencia estadounidense.
El funcionario destacó que se trata de la mayor incautación individual de esa presentación en la historia de la corporación en Nuevo México y consideró que el resultado representa un avance para impedir que los narcóticos lleguen a los consumidores.
Dentro de la investigación federal también se identificó a Michael Trujillo y Roxanne Urioste como presuntos integrantes de la organización dedicada a la distribución de sustancias ilícitas.
Los fiscales sostienen que Ramírez aprovechó su empleo gubernamental, la ausencia de antecedentes penales y su acceso interno al sistema de justicia para proyectar una apariencia de legalidad. De acuerdo con la acusación, la mujer también había trabajado durante años en otras oficinas estatales de procuración de justicia, circunstancias que presuntamente facilitaron sus actividades.
En el documento judicial, el Ministerio Público federal argumentó que la cantidad de narcóticos, dinero y armamento encontrada en la propiedad representa un riesgo para la seguridad pública. Por ello, solicitó que la acusada permanezca bajo custodia durante el proceso, ante la posibilidad de que intente evadir a las autoridades.
“Más de 40 kilogramos de fentanilo en polvo en una sola vivienda de Albuquerque nos muestran hasta qué punto se ha agravado el problema del narcotráfico en Nuevo México”, expresó Ryan Ellison, primer fiscal federal adjunto del distrito, quien advirtió que el aumento de las muertes por sobredosis obliga a mantener las investigaciones contra las organizaciones responsables del suministro de drogas.
Ramírez enfrenta dos acusaciones principales por posesión de fentanilo con intención de distribuirlo y por utilizar y portar un arma de fuego durante un delito de narcotráfico. En caso de que un tribunal determine su culpabilidad, podría recibir una condena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua.
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MSL