Acusan irregularidades en el juicio

AMLO, Fernández, Petro y Arce condenan persecución contra Cristina Fernández de Kirchner

“Manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina”, externaron en una carta AMLO, Fernández, Petro y Arce

AMLO, Fernández, Petro y Arce condenan persecución contra Cristina Fernández.
AMLO, Fernández, Petro y Arce condenan persecución contra Cristina Fernández.Foto: Reuters
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Los presidentes de izquierda de México, Argentina, Colombia y Bolivia denunciaron un intento judicial para sacar de la escena política a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a unos días de que la Fiscalía solicitara encarcelarla por 12 años.

En la misiva sin firmas, pero que incluye los nombres de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luis Arce, respectivamente, junto a las banderas de sus naciones, los latinoamericanos externaron su firme apoyo a la sudamericana al condenar la “injustificable persecución” de la que ha sido víctima en los últimos días.

Asimismo, en el documento titulado “Declaración de Apoyo a Cristina Fernández de Kirchner”, mismo que Arce y Fernández compartieron en sus redes sociales, denunciaron “las estrategias de persecución judicial para eliminar a contrincantes políticos en el país”, al sostener que la negativa a que la también ex primera dama amplíe su declaración evidencia la intención de apartarla de la vida pública, política y electoral.

Esto luego de recordar que actualmente la funcionaria de 69 años integra el equipo del actual presidente, pero el fiscal Diego Luciani quiere inhabilitarla permanentemente de los cargos públicos, hecho que la misma exmandataria tachó de “ficción”.

Sin detallar las presuntas malas prácticas que la misma afectada ha denunciado en este expediente, los líderes regionales replicaron los llamados a garantizar el debido proceso que se ha extendido por mas de cinco años, pese a que la parte acusadora no ha encontrado información sólida o evidencia suficiente para fincar su responsabilidad.

Sin embargo, la Fiscalía ha arremetido en su contra al catalogar como “la mayor maniobra de corrupción” las irregularidades durante su gestión (2007-2015), en relación a la indagatoria “Vialidad”, que abarca delitos de fraude por hasta mil millones de dólares y asociación delictiva, lo que incluye más de 50 licitaciones públicas junto al empresario Lázaro Báez, uno de los favoritos de Fernández.

Y ante el cúmulo de presuntas anomalías procesales exigieron “que se tomen en cuanta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas”, poniendo en duda la credibilidad del Poder Judicial en la nación, que definirá la situación jurídica de Cristina Fernández a finales de año.

Cabe destacar que ésta es la primera muestra de apoyo conjunta en la región, luego de que el mismo Alberto Fernández señalara que las acusaciones son usadas mediáticamente en contra de su segunda al mando, pues aunque la Fiscalía es la que la investiga desde hace año, los medios de comunicación usan el caso para una “tipificación abusiva”.

Sobre este tema también se han pronunciado algunos exmandatarios como Evo Morales, de Bolivia, y Dilma Rouseff, de Brasil, quienes incluso compararon estas acciones con la persecución que enfrentó el ahora aspirante presidencial en Brasil Luiz Inácio Lula da Silva también por corrupción, con el conocido caso de Lava Jato.

Horas después, cientos de simpatizantes realizaron una vigilia frente a la residencia de la vicepresidenta y en varias provincias de la nación para externarle su respaldo y al grito de “justicia” demandaron detener el asedio en su contra.

Dichas acciones se dan días después de enfrentamientos entre seguidores y rivales quienes protestaron en las inmediaciones de su domicilio, hasta que fueron replegados por la Policía al lanzarles gas lacrimógeno.

Además, en la nación ya se alistan marchas para exigir justicia para Fernández de Kirchner, mientras otros sectores lanzan en redes sociales llamados para evitar que la funcionaria sea indultada por los delitos cometidos durante su administración.

JVR