Trump presenta reforma judicial sin considerar demandas antirraciales

Después de 21 días de protestas que exigen poner fin a la brutalidad policial en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ofreció una acción legal que, a la vista de demócratas, funcionarios y organizaciones civiles, está muy lejos de hacer frente a la coyuntura que vive el país, donde la violencia se inclina en detrimento de las minorías, en especial de la comunidad afrodescendiente.

Ayer, el mandatario firmó una orden ejecutiva sobre la actuación policial que, pese a todo, se niega a si quiera mencionar el racismo como factor central del problema. Lejos de apoyar los llamados ciudadanos de quitar recursos federales a una policía con facultades para matar, robustece el presupuesto a estos cuerpos de seguridad que, afirmó, “tendrán los más altos estándares del planeta”.

El enfoque de la Casa Blanca enfrentó el rechazo inmediato: “Si bien el presidente finalmente reconoce la necesidad de una reforma policial, una modesta orden ejecutiva no compensará sus años de retórica y políticas incendiarias diseñadas para revertir el progreso realizado en años anteriores”, declaró el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.

“Desafortunadamente, esta orden ejecutiva no entregará el cambio significativo integral y la responsabilidad en los departamentos de policía de nuestra nación que los estadounidenses están exigiendo”, añadió el legislador.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se unió a las críticas, al sostener que la orden de Trump “está muy por debajo de lo que se requiere para combatir la epidemia de injusticia racial y brutalidad policial que está asesinando a cientos de afroamericanos”.

La presidenta de la Cámara de Representantes indicó que “la reforma de Trump carece de medidas de responsabilidad significativas y obligatorias para terminar con la mala conducta policial” y llamó a “insistir en un cambio audaz, no rendirnos mansamente al mínimo. Los demócratas instan a los republicanos del Congreso y a la Casa Blanca a unirse a nosotros para apoyar un cambio real”.

Fuera del círculo político, la organización por los derechos civiles Amnistía Internacional publicó una declaración en la que condenó la manera en que Trump reaccionó a los días de movilizaciones.

“La orden ejecutiva del presidente equivale apenas a una venda pequeña para una herida de bala; el público no se dejará engañar fácilmente cuando este momento exija un cambio transformador de la policía”, expresó Kristina Roth, la oficial superior del programa de justicia de Amnistía Internacional.

“Estados Unidos necesita normas nacionales mucho más estrictas para proporcionar parámetros sobre el uso de la fuerza y restringir el uso de la fuerza letal, para garantizar la rendición de cuentas cuando los agentes de la ley violan estos límites”, añadió Roth.

La firma del presidente se caracterizó por su simbolismo, pues Trump fue arropado por oficiales uniformados, miembros del sindicato policial, que indicó que no está dispuesto a hacer enojar al gremio de seguridad, que considera clave en su base política conservadora.

“Me opongo firmemente a los esfuerzos radicales y peligrosos para desembolsar, desmantelar y disolver nuestros departamentos de policía”, declaró Trump. “Los estadounidenses saben la verdad: sin policía, hay caos; sin ley, hay anarquía, y sin seguridad, hay catástrofe. Necesitamos líderes en todos los niveles de gobierno que tengan la claridad moral para declarar estos hechos obvios”.

El texto de la orden estipula que el fiscal general, William Barr, exhortará y no obligará a los departamentos policiales a que capaciten y certifiquen a sus oficiales “en mejores prácticas”. De esta manera, el gobierno ofrecerá más dinero a las jefaturas que acepten la invitación.

Las “mejores prácticas” a las que se refiere la acción de Trump tienen que ver con el uso de la fuerza y técnicas de desescalada. En este sentido, se exhorta también a los gobiernos locales a prohibir estrangulamientos, “excepto cuando la vida del policía esté en riesgo”.

También se establecerá una base de datos para identificar a los oficiales despedidos o con historial de mala conducta, para que no sean contratados en otras jurisdicciones del país.

La Casa Blanca se comprometió, más que a evitar la violencia desproporcionada contra afroamericanos, a “apoyar los esfuerzos para capacitar a los agentes de policía en el manejo de encuentros con personas que sufren problemas de salud mental, falta de vivienda y adicción”.

KA