Departamento del Tesoro sanciona red de proveedores del Cártel de Sinaloa; trabajaban para Ovidio Guzmán

Estados Unidos sancionó por tráfico de metanfetaminas y de fentanilo a seis mexicanos, todos ellos proveedores del Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentra Luis Gerardo Flores Madrid, integrante del CDS y quien trabaja para Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Por qué los sanciona?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, considera que la red de la que forman parte, liderada por dos de los sancionados, los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, es responsable de desviar sustancias químicas ilícitas directamente a manos de miembros del Cártel de Sinaloa y operadores de laboratorio.

En un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comentó que con ello refuerzan “aún más” el papel del Cártel de Sinaloa como destacable facilitador del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos.

Los hermanos Zamudio y Luis Gerardo Flores, también están incluidos en dichas sanciones. Ludim Zamudio Ibarra, hijo de Ludim Zamudio Lerma, y los operadores de laboratorio Ernesto Machado Torres y José Santana Arredondo Beltrán. 

“Los hermanos Zamudio Lerma y su red permiten la producción de drogas sintéticas que devastan la vida de los estadounidenses, mientras llenan los bolsillos del liderazgo del Cártel de Sinaloa”, dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC. “Privar a esta red de acceso y recursos dificultará la capacidad del Cártel de Sinaloa para producir y traficar las drogas ilícitas de las que depende”, dijo el departamento.

En la mira, empresas de los Zamudio

La dependencia dijo que también ha puesto en foco rojo a dos empresas de la familia Zamudio: Aceros y Refacciones del Humaya y Farmacia Ludim; a las inmobiliarias Operadora Zait e Inmobiliaria del Rio Humaya, y a dos firmas de importación e importación: Operadora del Humaya y Operadora Parque Alamedas.

Esta acción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México y, agregan, no hubiera sido posible sin la cooperación, el apoyo y la colaboración continua con la Oficina de Campo del FBI en Phoenix (Agencia Residente de Tucson), el Agregado Legal del FBI en San Salvador (Sub-Oficina Ciudad de Guatemala) y la Oficina del Distrito de Tucson de la DEA.