EU envía grupo antiinmigración a Guatemala

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos envió a Guatemala a “decenas de agentes”, consecuencia del acuerdo de seguridad y contra la migración ilegal firmado en mayo pasado por los gobiernos de ambos países, tras las amenazas del presidente Donald Trump, de retirar la asistencia económica a los países centroamericanos.

Según el acuerdo, Estados Unidos se dispone a desplegar al menos a 80 personas del armamento de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración.

Te puede interesar: A pesar de pacto restrictivo, Irán refuerza su programa nuclear

La Embajada estadounidense en Guatemala confirmó que ya hay “decenas” de efectivos desplegados para formar y asesorar a los agentes de aduanas y migración de la Policía Nacional Civil, aunque aclaró que “no realizarán ninguna función de aplicación de la ley”, una acción que sólo corresponde a las autoridades guatemaltecas, consignó ayer el diario local Prensa Libre.

El portavoz del Ministerio de Gobierno guatemalteco, Fernando Lucero, destacó el cumplimiento de sus obligaciones por Estados Unidos, que aspira a “brindar apoyo en temas de inmigración irregular, contrabando y otros tipos de delitos”. Los objetivos, añadió, “están en camino a ser alcanzados”.

El Dato: El Congreso rechazó el plan por el que Guatemala se convierte en tercer país seguro para Estados Unidos, una medida que lo obliga a acoger a migrantes centroamericanos.

Lucero, igual que el presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que su principal logro ha sido la reducción del número de migrantes guatemaltecos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de Guatemala, se estima que el índice descendió en 87 por ciento.

En julio pasado, Estados Unidos y Guatemala irmaron un segundo acuerdo por el cual el país centroamericano accede a adoptar a solicitantes de asilo que marchan hacia Norteamérica, mientras se resuelven sus pedimentos en las oficinas migratorias. Los dos tratados firmados tienen un periodo inicial de vigencia de dos años.