El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, defendió ayer frente a un comité de la Cámara de Representantes liderado por demócratas la respuesta federal a las protestas surgidas en Portland, Oregon, y otras ciudades del país, a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd, y negó que exista racismo sistemático en las corporaciones policiales.

Barr rechazó una afirmación del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, respecto a que el despliegue de agentes federales en ciudades de Estados Unidos fue un esfuerzo para impulsar la campaña de reelección de Trump.

“El presidente quiere imágenes para sus anuncios de campaña y parece que se lo están entregando según lo ordenado (...) Están proyectando miedo y violencia en todo el país en pos de objetivos políticos obvios. Qué vergüenza, señor Barr”, dijo Nadler.

Barr respondió que el Cuerpo de Alguaciles y otros agentes federales tienen el deber de proteger la Corte de Portland.

“Estamos en la defensa, no estamos buscando problemas, y si el estado y la ciudad brindaran los servicios de cumplimiento de la ley no tendríamos necesidad de tener agentes adicionales en el tribunal”, reviró.

Barr dijo que la muerte de George Floyd, quien murió en Minneapolis cuando un un policía blanco lo asfixió con la rodilla, “entendiblemente sacudió a todo el país y nos obligó a reflexionar”.

Sin embargo, agregó: “Al mismo tiempo, creo que sería una simplificación excesiva tratar el problema como parte de un racismo profundamente arraigado que infecta nuestros departamentos de policía. Parece mucho más probable que el problema surja de una compleja combinación de factores”.

El fiscal consideró que “la demonización de la policía”o es injusta, pues “no hay trabajo más difícil en Estados Unidos hoy que ser un oficial de policía”.

Asimismo, advirtió polémicamente que la mayor parte de los asesinatos de afroamericanos son cometidos por otros afroamericanos, en lo que pareció ser una recomendación al movimiento Black Lives Matter.

“La amenaza a la vida de los negros planteada por el crimen en las calles es enormemente mayor que cualquier amenaza planteada por la mala conducta de la policía. La principal causa de muerte para los jóvenes varones negros es el homicidio. Cada año, aproximadamente siete mil 500 negros estadounidenses son víctimas de homicidios y la gran mayoría de ellos, alrededor del 90 por ciento, son asesinados por otros negros, principalmente por disparos. Cada una de esas vidas importa”, dijo.

Continuando con la retórica del presidente Donald Trump, Barr consideró que lo que ocurre en Portland son acciones de “violentos alborotadores y anarquistas (que) han secuestrado protestas legítimas para causar estragos y destrucción sin sentido a víctimas inocentes”.

Consideró que los responsables son los grupos de “izquierda radical” y que “lo que se desarrolla todas las noches alrededor del juzgado no se puede llamar razonablemente una protesta; es, por cualquier medida objetiva, un asalto al gobierno de los Estados Unidos”.

EL FIN DE SEMANA, 22 DETENIDOS

 El Departamento de Justicia informó ayer que 22 personas fueron arrestadas en Portland, Oregón, y enfrentan cargos federales derivados de sus papeles en las protestas del fin de semana pasado frente al edificio del tribunal federal.

Más de la mitad de las personas arrestadas fueron acusadas de agredir a agentes federales, otros cuatro fueron acusados de no obedecer las órdenes legales, un hombre fue acusado de operar un avión no tripulado en un espacio aéreo restringido y otro, canadiense, fue arrestado por “hostigar y acosar” a empleados federales, usando su cuenta de Twitter.

Interponen demanda contra Washington

Dos grupos de manifestantes de Portland demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el argumento de que violó la Constitución al enviar agentes para dispersar a la multitud con gas lacrimógeno y balas de goma.

Los grupos Wall of Moms (Muro de las Mamás) y Don’t Shoot Portland (No Disparen Portland) presentaron la demanda ayer.

Miembros del grupo de las madres han sido “rociadas con gas lacrimógeno noche tras noche, dejándolas vomitando e incapaces de comer o dormir por el veneno tóxico que les arrojan”, alega la demanda.

La demanda afirma que las tácticas son ilegales y dice que la presencia de los agentes en Portland viola “un principio fundamental de la democracia estadounidense”.