La Ley Silla es una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México que busca garantizar el derecho de los trabajadores a descansar sentados durante su jornada laboral.
Esta iniciativa beneficiaría especialmente a trabajadores de sectores donde deben permanecer de pie por largos periodos, como comercio, servicios, hotelería, restaurantes, seguridad privada y tiendas departamentales.
Esta reforma modifica los artículos 132, 133, 422 y 423 de la LFT y añade una fracción XVII Bis al artículo 133, estableciendo nuevas obligaciones para los empleadores.
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La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2024 (476 votos a favor) y en el Senado el 4 de diciembre de 2024 (104 votos a favor). Fue propuesta por el diputado Ricardo Monreal y respaldada por todos los grupos parlamentarios.
En países como España, Chile y Argentina hay regulaciones similares desde el siglo XX, lo que indica que México tenía un retraso en este tipo de legislación laboral.
Según la OIT, los trabajadores en México laboran en promedio 43.7 horas semanales, muchas de ellas de pie, lo que genera problemas graves de salud.
¿Qué es la Ley Silla?
La Ley Silla establece la obligación de los empleadores de proporcionar un número suficiente de sillas o asientos con respaldo para que los trabajadores puedan usarlos durante la ejecución de sus funciones o para descansos periódicos.
Además, prohíbe explícitamente que se obligue a los empleados a permanecer de pie durante toda la jornada laboral o que se les impida sentarse.
El objetivo es reducir el desgaste físico y mental, así como prevenir problemas de salud como: dolores musculares y articulares, fatiga extrema, problemas circulatorios, como várices y trastornos cardiovasculares debido a la falta de movimiento prolongado.
¿Cuándo entra en vigor?
La Ley Silla fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de diciembre de 2024 y entra en vigor 180 días naturales después, es decir, el 17 de junio de 2025.
Este periodo de transición permite a las empresas adaptar sus instalaciones y reglamentos internos.
Las empresas tienen 180 días adicionales a partir del 17 de junio de 2025 (hasta el 14 de diciembre de 2025) para adecuar sus normativas internas y cumplir con las nuevas disposiciones.
¿A quién beneficia?
La Ley Silla busca mejorar las condiciones laborales y la salud de los trabajadores al reducir el riesgo de problemas de salud asociados con estar de pie por largos periodos, como: dolores de espalda, piernas, várices y trastornos circulatorios.
También se busca promover un entorno laboral más digno, alineado con estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además de garantizar pausas adecuadas, lo que puede disminuir la fatiga extrema y mejorar la productividad.
La ley aplica principalmente a trabajadores en sectores de servicios, comercio y actividades análogas, como:
- Empleados de tiendas de autoservicio, supermercados y tiendas departamentales.
- Personal de seguridad, recepcionistas, meseros, cocineros, parrilleros, cajeros y taquilleros.
- Trabajadores en hoteles, restaurantes y parques de diversiones.
En el caso de sectores industriales, la ley será aplicable solo cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores?
La Ley Silla establece las siguientes disposiciones:
- Proveer asientos suficientes: Las empresas deben garantizar sillas con respaldo para que los trabajadores las usen durante sus tareas o para descansos periódicos.
- Áreas específicas para descanso: Los asientos deben estar ubicados en zonas designadas dentro del lugar de trabajo para facilitar su acceso.
- Prohibición de permanecer de pie todo el tiempo: Se prohíbe obligar a los trabajadores a estar de pie durante toda la jornada o impedirles usar los asientos.
- Actualización de reglamentos internos: Las empresas deben incluir en su reglamento interior las normas sobre los periodos de descanso y el uso de sillas.
¿Cuáles son las sanciones?
Las empresas que no cumplan con la Ley Silla después del periodo de transición podrían enfrentar multas impuestas por la STPS.
Las empresas que incumplan podrían ser acreedoras a una multa de 250 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir hasta 282 mil pesos, además de la suspensión de actividades en caso de reincidencia.
Algunos sectores empresariales han expresado inquietudes sobre los costos de adaptación, como la compra de sillas y la reorganización de horarios o espacios.
Sin embargo, la ley ha sido bien recibida en general por su enfoque en el bienestar laboral.
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