El Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que las autoridades nacionales deben velar por la supervisión y prevención de riesgos en el sector financiero y no sólo reaccionar a los problemas que se registren en él.
Los comentarios se dan tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero por parte de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
“Las autoridades mexicanas deben actuar frente a riesgos en el sistema financiero a través de mecanismos propios de supervisión y de prevención proactiva, no reactiva”, señaló el consejo del IMEF.
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Fundamental, controles para detectar riesgos en instituciones financieras
Tras las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Edgar Amador, señaló que Estados Unidos no aportó pruebas suficientes para sustentar sus señalamientos en contra de las instituciones financieras mexicanas.
Por su parte, la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) de Jesús de la Fuente, intervino a los tres implicados, justificando su toma de control para la protección del sistema financiero nacional.
“Contar con los controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos es fundamental para garantizar la integridad, estabilidad y confianza en las instituciones financieras establecidas en el país”, detalló el IMEF.
El instituto indicó que el señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses también genera una “legítima preocupación” en torno al atractivo de México como destino de inversión, ya que la falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de Estados Unidos.
“Incrementa la percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas. Este entorno puede disuadir la llegada de capital, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad del país”, advirtió.
IMEF urge a fortalecer supervisión
Bajo este contexto, el IMEF urgió a blindar a la economía mexicana frente a estos riesgos, situación que exige construir una arquitectura institucional más robusta, con capacidades fortalecidas de supervisión y cumplimiento que garanticen certeza, transparencia y apego a la legalidad.
“El IMEF destaca la necesidad y urgencia de que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión fortalezcan la normatividad en el sector financiero, al tiempo en que exhorta a las empresas mexicanas a ejercer de manera urgente un compliance, tanto de sus operaciones futuras como pasadas y realicen las acciones conducentes para contener impactos negativos en su operación”, apuntó.
Acusación impactará al T-MEC
Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, estimó que dichas acusaciones afectarán la revisión y posible renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se prevé para este segundo semestre de 2025.-
“Conforme se vaya pavimentando el camino para un tratado rediseñado, es fundamental que se tenga un sistema financiero solido que brinde las posibilidades de financiamiento y de sistema de pagos estables y sin riesgos”, comentó.
Añadió que “no sería sorprendente” ver que estas acusaciones sean parte del rediseño del T-MEC.
¿Qué sucedió con Intercam, CIBanco y Vector?
El miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro señaló a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa de facilitar pagos de materiales para la creación de drogas sintéticas, como fentanilo, así como de blanquear capitales de los cárteles de la droga mexicanos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) fue quien emitió las tres órdenes que relacionaron a estas compañías con la delincuencia organizada. Éstas apuntaron al Cartel de Sinaloa, Cartel de los Beltrán Leyva, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel del Golfo.
Dichas órdenes ya fueron publicadas en el Registro Federal de Estados Unidos, por lo que de acuerdo con el FinCEN, las compañías de dicho país tendrán prohibido transaccionar con estas tres entidades a partir del 21 de julio de este año.
Un día después del anuncio, la CNBV intervino a las tres instituciones mencionadas, sustituyendo sus consejos administrativos por interventores, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito y con la Ley de Instituciones de Valores.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, señaló la CNBV.
La tarea de estos administradores, de acuerdo con ambas Leyes, es elaborar un dictamen respecto de la situación integral de las instituciones.
Además, deberá contener una descripción detallada de la situación financiera de la institución, un inventario de activos y pasivos y, además, la identificación de aquellas obligaciones pendientes de pago a cargo de la institución.
“El dictamen deberá contar con la opinión legal y contable que hayan formulado los auditores externos independientes de la institución de que se trate (...) Una copia del dictamen elaborado deberá remitirse a la CNBV y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, indican.
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cehr
