Con 467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa que prohíbe a bancos y tiendas departamentales penalizar la cancelación de tarjetas, la cual podrá llevarse a cabo de manera presencial, telefónica y digital las 24 horas del día, los 365 días del año.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, presentó ayer en tribuna el proyecto con la solicitud de dispensa de trámites para discutirla y votarla como de obvia y urgente resolución para modificar varias disposiciones normativas contenidas en esta Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) precisó que su iniciativa busca estipular que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberá llevarse a cabo entre tres a cinco días hábiles a partir de la solicitud del usuario, sin costo alguno, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la rescisión, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato.
“Con esto se prohíbe que las entidades puedan generar comisiones que resulten en el otorgamiento de servicios que encubren en la práctica cargos ocultos o disfrazados como seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados y que no cuenten con el consentimiento expreso del usuario”, advirtió.
De acuerdo con la reforma, ninguna institución financiera o comercio podrá emitir tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del cliente. Si lo hacen, dichas tarjetas serán consideradas nulas. Además, la cancelación deberá realizarse en un plazo máximo de tres a cinco días hábiles, sin comisiones, penalizaciones o trámites excesivos.
Las entidades también estarán obligadas a ofrecer canales accesibles para la cancelación, ya sea por vía telefónica, digital o presencial. Con ello se busca eliminar procesos burocráticos que en muchos casos terminaban generando cobros indebidos o afectaciones injustas al historial crediticio de los usuarios.
La reforma también prohíbe reportar al Buró de Crédito por el simple hecho de no usar una tarjeta o por solicitar su cancelación, una práctica que —según legisladores— afectaba a miles de personas que dejaban de utilizar productos que nunca pidieron o que querían dar de baja.
Fuentes legislativas señalaron que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) será la encargada de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en el caso de tarjetas emitidas por comercios.
De entrar en vigor, esta reforma representaría un avance en los derechos financieros de los usuarios en México, al poner fin a los cobros y reportes derivados de productos no solicitados o de cancelaciones legítimas. El Senado deberá ahora discutirla y, en su caso, ratificarla para su promulgación final.
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MSL
