México podría perder alrededor de 7 mil millones de pesos (mmdp) anuales en impuestos si no se regula eficazmente a la industria de los vapeadores, aseguró Alberto Gómez Hernández, policy manager de la World Vapers Alliance. Esta situación se da mientras el país busca aumentar su recaudación, reducir su déficit público y atender temas como salud, educación y seguridad, así como el gasto social.
José Jesús Rodríguez, experto en temas fiscales, añadió que se deben cumplir ciertas condiciones para hacer posible una “buena regulación”.
- El Dato: De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, para el próximo año, el Estado estima atraer una recaudación de 8.7 billones de pesos, lo que significa una cifra histórica.
En entrevista con La Razón, Gómez Hernández comentó que el Estado debe regular eficientemente estos dispositivos, en vez de prohibir, ya que la ilegalidad permite un mercado negro, sin atacar el problema y perdiendo millones de pesos que podrían servir a la nación.
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“Prohibiendo, la demanda no va a desaparecer. Estos productos van a seguir comercializándose, quizá en menor medida, pero seguirá. El Estado va a continuar sin recaudar nada por ello”, añadió Gómez.
Abundó que legislar en favor del uso responsable de estos dispositivos ayudaría a reducir el gasto en salud del Estado, así como aumentar la productividad.
“Y luego, por el lado de los ingresos, es evidente que lo que ahora tenemos es un mercado negro, un mercado ilegal en el que se venden todo tipo de productos que obviamente no pagan ningún tipo de impuesto”, insistió, aunque no mencionó en cuánto podría reducirse el gasto destinado a atender enfermeda-
des pulmonares.
Cabe mencionar que los 7 mil millones de pesos corresponderían a la recaudación por Impuesto Especial por Producción y Servicios, mejor conocido como el IEPS.
México prohibió el uso de vapeadores y cigarros electrónicos a inicios de este año, sin embargo, aún no se discute la ley secundaria, donde se planea plasmar la prohibición de la venta, comercialización y distribución de estos dispositivos. La Cámara de Diputados inició el proceso para esta discusión a finales de septiembre de este año.
Al respecto, Gómez Hernández señaló que lo primero que hay que hacer es reconocer que la prohibición no funciona y que un país “tan grande” como México, no tiene realmente recursos para fiscalizar el crimen organizado y el mercado ilegal de este tipo de productos, “es imposible que funcione”.
Por su parte, Rodríguez, dijo que tras la prohibición en enero de este año, existe un mercado informal activo y una ambigüedad sobre cómo ciertos productos sin tabaco (bolsas de nicotina, líquidos) encajan en los marcos fiscales y sanitarios.
Agregó que la falta de regulación limita la recaudación del IEPS debido a la ausencia de objeto tributario claro, explicó que esto sucede cuando un producto está prohibido o su clasificación arancelaria/tributaria es ambigua, su comercialización queda en canales informales donde no se cobra IEPS ni IVA.
“¿Sería viable regularlos para integrarlos al esquema impositivo? Sí, viable técnica y administrativamente, pero con condiciones”, agregó.
Aseguró que se necesita claridad legal, un diseño tributario apropiado, medidas de control y trazabilidad y un paquete sanitario para mejorar su uso.
MEJORAR LA RECAUDACIÓN. Rodríguez comentó que México enfrenta grandes retos en su recaudación tributaria, debido a una alta informalidad de la economía, ya que una porción significativa de la actividad económica no está en el padrón fiscal ni factura con CFDI, lo que limita la base tributaria. “Hay evasión y elusión estructural, debilidades en cumplimiento: facturación falsa, subdeclaración, y mercados ilícitos, como contrabando de tabaco y combustibles que erosionan la recaudación prevista”.
Añadió además que existe una capacidad administrativa limitada en zonas y sectores específicos, ya que la recaudación depende de la capacidad del SAT y autoridades locales para fiscalizar micro y pequeñas unidades económicas.
