Pide fortalecer facultades de la SHCP

FMI pide reforzar controles a inversión en infraestructura

El organismo internacional advierte riesgos en el programa; plantea que el Congreso autorice los límites de los compromisos adquiridos

FMI pide reforzar controles a inversión en infraestructura
FMI pide reforzar controles a inversión en infraestructura

El programa de infraestructura del Gobierno federal que presentó a inicios de este año y contempla inversiones por 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030 en más de mil 500 proyectos, podría generar presiones sobre las finanzas públicas por los mecanismos que permiten posponer el registro de gastos y obligaciones de deuda, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su informe sobre la economía mexicana, correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2026, el organismo identificó que el nuevo marco de inversión permite registrar determinados gastos de construcción y la deuda relacionada hasta que el Gobierno pague o adquiera las obras, esto significa que pueden generarse compromisos financieros antes de que se reflejen plenamente en las cuentas públicas, una práctica que podría no ajustarse a los estándares internacionales de contabilidad gubernamental.

El FMI observó que los proyectos aprobados bajo el nuevo esquema tendrán prioridad en presupuestos futuros y estarán protegidos frente a recortes del gasto. Además, el límite al monto acumulado de compromisos de inversión puede modificarse mediante decreto presidencial, por lo que recomendó que sea el Congreso de la Unión quien apruebe el límite global de las obligaciones que asuma el Estado.

  • El Dato: La estrategia está vinculada con el Plan México y prevé 722 mil millones de pesos en inversiones adicionales para este año, de acuerdo con lo anunciado en febrero.

También propuso fortalecer las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyas opiniones técnicas sobre la selección de proyectos no son obligatorias, de acuerdo con el análisis del Fondo. El organismo planteó que la dependencia tenga capacidad de decisión vinculante antes de autorizar las inversiones.

El señalamiento se refiere al Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, presentado el 3 de febrero por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda, con el propósito de ampliar la construcción de obras energéticas, ferroviarias, carreteras, portuarias y de servicios mediante recursos públicos y participación privada.

Durante su presentación, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que los 722 mil millones de pesos adicionales previstos para 2026, equivalentes a 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se sumarían a la inversión en infraestructura ya contemplada en el Presupuesto de Egresos, equivalente a 2.5 por ciento del PIB.

Del monto previsto hasta 2030, alrededor de 54 por ciento se destinaría a energía, 16 por ciento a trenes y 14 por ciento a carreteras. Los proyectos portuarios y de salud concentrarían cerca de 6.0 por ciento cada uno, mientras que el resto se distribuiría entre agua, educación y aeropuertos.

La Presidenta explicó que la estrategia busca desarrollar la infraestructura necesaria para impulsar el Plan México, mediante instrumentos similares a los utilizados para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de inversiones mixtas con participación de empresas privadas y del sector social.

“La mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex, por ejemplo, el año pasado, que tienen su característica financiera”, expuso Sheinbaum durante la conferencia del 3 de febrero.

  • 6,3% Cayó la inversión total en México durante 2025

NUEVOS ESQUEMAS. María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda, detalló que el programa contempla la participación de la banca de desarrollo, garantías, contratos mixtos y fondos de inversión, además de recursos provenientes del mercado bursátil y de la banca comercial.

Entre los mecanismos se encuentran contratos mediante los cuales empresas privadas pueden construir, mantener y operar infraestructura bajo condiciones establecidas por el Estado, así como instrumentos que permiten captar recursos de inversionistas para financiar proyectos.

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), explicó que los esquemas de inversión mixta buscan distribuir los costos y riesgos entre el Gobierno y los participantes privados. “Estamos buscando proteger las finanzas públicas”, sostuvo Mendoza durante la presentación del programa.

Sin embargo, el FMI advirtió que algunos de estos mecanismos pueden generar obligaciones que el Gobierno tendría que cubrir en el futuro, como garantías otorgadas a inversionistas o compromisos que se activarían si los proyectos no generan los ingresos esperados, conocidos como pasivos contingentes.

El organismo recomendó limitar estas obligaciones, evitar que se amplíe el reconocimiento diferido del gasto y establecer evaluaciones posteriores a la ejecución de los proyectos, para determinar sus costos y beneficios económicos.

También señaló que el nuevo marco opera de manera paralela a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, lo que podría generar diferencias en los controles aplicables a los proyectos y complicar la planeación fiscal.

El Fondo reconoció que México necesita aumentar la inversión en infraestructura para impulsar el crecimiento económico, pero advirtió que sus resultados dependerán de la ejecución de las obras, la combinación de financiamiento público y privado y su contribución a la actividad económica.

Las autoridades mexicanas defendieron las disposiciones de la nueva legislación y destacaron que incluyen evaluaciones de riesgos fiscales, distribución de responsabilidades y mecanismos de supervisión.

El FMI estima que la deuda bruta del sector público alcanzará 62.1 por ciento del PIB en 2026 y 62.9 por ciento en 2027, en un contexto en el que el Gobierno busca reducir gradualmente su déficit fiscal.

Aunque los 5.6 billones de pesos anunciados no representan automáticamente un aumento equivalente de la deuda pública, el organismo insistió en que la expansión de la inversión debe acompañarse de controles que permitan identificar los compromisos que podrían trasladarse a presupuestos futuros.


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