Aguinaldo doble: todo lo que hay que saber de la reforma

Este miércoles, las comisiones del Senado de la República aprobaron el dictamen de la Reforma del Aguinaldo Doble y si así aún no sabes qué propone esta iniciativa y cómo beneficiaria a los trabajadores, aquí te explicamos. 

El aguinaldo es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero la cantidad que reciben los trabajadores privados no es la misma que la que les dan a los empleados del sector público, quienes actualmente tienen derecho a 40 días de salario para esta prestación. 

Las claves para entender la reforma del aguinaldo doble

Por ello, los senadores buscan desde el año pasado que se apruebe la Ley de Aguinaldo Digno, por medio de la que buscan incrementar el pago de esta prestación de 15 a 30 días de salario para todos los trabajadores del sector privado en México.

¿Cómo? Modificando el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo que actualmente establece que "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos".

Aunque hasta el momento solo ha sido aprobada en comisiones del Senado, si se aprueba por el Pleno los trabajadores serían beneficiados con aguinaldos más justos que se ajustarían a los precios actuales marcados por la inflación.

Pero pese a que este cambio podría tener un impacto positivo en los ingresos de los trabajadores y contribuir a una mayor equidad en las prestaciones laborales en México, el sector privado no está de acuerdo con el aguinaldo doble al sostener que fomentaría el aumento de la informalidad laboral en en el país.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no solo contribuiría a la informalidad laboral, sino que subir el aguinaldo a 30 días afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), quienes no podrían costear este gasto laboral.

Por otra parte, un aumento de esta magnitud también podría influir en que las empresas suban los precios de los bienes y servicios para costear dicha prestación, lo que desequilibraría la economía de los consumidores y obligaría al Banco de México a subir las tasas de interés para controlar la inflación.

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