La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) aseguró que el diferimiento de pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por seis meses ayudaría a las empresas a enfrentar la crisis económica; por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se comprometió a revisar la iniciativa.

Durante una reunión virtual con los integrantes del Consejo Directivo Nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, presidente del organismo empresarial, planteó que el Gobierno federal pudiera financiar a la CFE para que difiera por seis meses los pagos de las facturas de luz, lo que les daría “aire” a los industriales para poder mantener empleos y poderse reactivar al sector.

Explicó que sería a partir de enero de 2021 cuando las empresas comenzarían a pagar de manera prorrateada un porcentaje, una doceava parte de lo que se acumuló en los meses diferidos, más la factura corriente de comisión.

“Esto sería como un crédito puente de seis meses porque al final los usuarios pagarían entre seis meses y un año, y no sería una deuda”, añadió al precisar que el Gobierno federal tiene que buscar la manera de financiarlo.

“Creo que estamos en buenas manos. confío, señor secretario, en que no nos llevarán flores al panteón, porque al final esto se requiere en el momento en que las empresas se están quedando sin liquidez, que ya sucedió, y cuando están a punto de caer en la insolvencia”, refirió.

El dirigente de los industriales agregó que no servirá de nada si el Gobierno decide implementar programas de reactivación a las empresas en 2021 o 2022, pues muchas de ellas ya no van a existir.

En respuesta, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, se comprometió a revisar la viabilidad de esta propuesta, ya que la propia CFE tiene un déficit máximo impuesto por el Congreso, mismo que no puede ser modificado tan fácilmente.

Sin embargo, el encargado de las finanzas públicas del país detalló que habría dos formas de llevarlo a cabo: uno, detalló, que los flujos de la CFE no se vean afectados, porque se podría quedar sin recursos para pagar a los proveedores.

En segundo lugar, apuntó, si hubiera forma de que esta especie de créditos se reconocieran como un activo por cobrar, algo que actualmente no está permitido legalmente, para que no se violentara el déficit a la empresa productiva del Estado establecido por el Congreso.

“Me comprometo a revisar cómo se nos ocurre algo que pudiéramos hacer en cuanto a la regulación, si hay flujos suficientes, y ver si CFE puede dar una respuesta positiva. Lo vamos a explorar”, manifestó Herrera Gutiérrez.

Asimismo, mencionó que acordó con la Comisión Federal de Electricidad subsidiar el excedente de consumo de energía doméstica ante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, lo cual suma cuatro meses, ya que ante el aislamiento el consumo de electricidad de los hogares se iba a incrementar, lo que haría difícil a la población pagar su recibo.

Por otro lado, el secretario de Hacienda reiteró que el Gobierno está enfocando sus acciones en mitigar los impactos sanitarios del Covid-19, pues “no se puede permitir que los mexicanos tengan una afectación en su salud o mueran, porque no hay las condiciones para atenderlos”.

Asimismo, en mitigar los impactos negativos en la economía y utilizarán todos los márgenes que tengan al alcance para reactivar al país.

Sin embargo, ante la insistencia de los empresarios de aumentar el endeudamiento del país para enfrentar el impacto económico de la pandemia en el país, reiteró que las autoridades federales no están considerando dicha posibilidad.

“Las implicaciones fiscales de asumir nuevo endeudamiento es que si damos un estímulo de 20 por ciento del PIB, como han hecho otros países y a una tasa ponderada cercada al 6 por ciento, el siguiente año tendríamos que pagar intereses por alrededor de 300 mil millones de pesos, que es casi el costo de todos los programas sociales”, destacó.

MÁS CARO NO DAR INCENTIVOS

 Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que el Gobierno federal aún está a tiempo de otorgar incentivos fiscales para que las empresas puedan sobrellevar las implicaciones económicas del Covid-19, además de proteger los empleos.

“Sí hay una afectación a estos motores de crecimiento (empresas y empleos) se va a traducir finalmente en un daño a las finanzas públicas. Ese costo puede resultar mayor que implementar las medidas. Yo creo que hay espacio para debatir qué tipo de medidas, como focalizarlas en facilidades de pagos de impuestos”, estimó Pedro Higuera, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Concamin.

En una mesa de reflexión virtual organizada por la Concamin, destacó la importancia de contar con una Comisión Fiscal Independiente, con integrantes capaces de dar opiniones y debatir políticas fiscales y, sobre todo, impulsar una reforma hacendaria que permita una mayor recaudación en el país. 

JVR