Sube de tono discusión sobre la reforma en la materia

CFE niega polarizar por la Eléctrica; sólo busca "explicar atraco", dice

Bartlett afirma que sistema beneficia a "oligárquicos"; estiman que litigios puedan costar 20 veces la inversión que hay

Nunca he dicho que no hubo fraude en 1988: Bartlett
Por:
  • Ana Martínez

La discusión entre el sector público y privado por las implicaciones que traería al mercado la aprobación de la reforma eléctrica que lanzó la actual administración continúa, aun y cuando de forma oficial no se ha dado en el Congreso. Manuel Bartlett , director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó que buscan dar a conocer a la gente el “atraco” que padece el sistema a cargo de la Iniciativa Privada.

Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestara el lunes pasado su preocupación ante las declaraciones del director general de la empresa del Estado respecto a que no se pagarán indemnizaciones por los contratos cancelados con la reforma y acusaciones directas, Bartlett Díaz defendió de nueva cuenta su postura.

Refirió que el organismo cúpula empresarial del país lo acusó de usar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho y que se pretende reformar la ley con base en ideología y la manipulación de ciertos sectores de la ciudadanía, lo cual, dijo, es falso.

“No es una polarización. No se está manipulando a ningún sector social, simplemente se les explica el atraco, que consiste en un sistema eléctrico del que se beneficia un sistema oligárquico”, aseguró el director general de CFE.

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A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial también hizo un llamado a evitar la provocación y la polarización con discursos de las autoridades para defender la reforma eléctrica, y también afirmó que las declaraciones del director general de la CFE ponen en “grave riesgo” el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en México.

En este sentido, Manuel Bartlett argumentó que el CCE actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan, arropando a las Sociedades de Autoabasto. “Eso no es provocación, es una explicación detallada”. Resaltó que no pretenden una división de la sociedad, pero las empresas más grandes y poderosas de este país no pagan, mientras que el resto de empresarios, las clases medias y la población sí tienen que hacerlo.

En diversas ocasiones, la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE se han manifestado en contra de los generadores de autoabasto, al señalar que representan un mercado paralelo ilegal liderado por grandes empresas. Rocío Nahle, titular de la dependencia, incluso mencionó que el mercado eléctrico actualmente está diseñado de forma perversa en contra de la Comisión.

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LITIGIOS COSTOSOS

Aunque Manuel Bartlett aseguró que no se pagarían indemnizaciones a los contratos cancelados con la eventual reforma, la International Chamber of Commerce México (ICC México) afirmó lo contrario, incluso estimó que puedan costarle al Estado hasta 20 veces la inversión privada comprometida en este sector, que asciende a 44 mil millones de dólares.

Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión del ICC México, evaluó que estos casos tardan en resolverse entre tres y cuatro años, por lo que la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no le tocará pagar los conflictos internacionales que seguramente impondrán las empresas afectadas dentro del sector.

Aclaró que los reclamos y pagos que exigirán las empresas afectadas estarían valoradas de acuerdo al monto de inversión y los recursos que esperaban obtener por un tiempo determinado. Así, el costo final podría variar en menor cantidad o incrementarse.

“El sector energético en general se abrió a México apenas hace unos años. Se habían tenido otras experiencias respecto a posibles litigios internacionales, pero no en un sector donde las reclamaciones pueden ser de valores muy altos. En este caso, frente a esta reforma, el riesgo país se multiplica mucho frente a litigios en donde los montos pueden ser exponencialmente mucho más grandes que lo que hasta ahora México había conocido”, manifestó la especialista.

Abundó en que bajo acuerdos bilaterales o multilaterales, las empresas afectadas pueden reclamar ante instancias internacionales una indemnización, ya que “aunque no hay un decreto expropiatorio o no se está proponiendo un decreto como tal, el efecto de las medidas es similar a una expropiación”.

  • El dato: Las indemnizaciones que exigirían las empresas afectadas estarían valoradas de acuerdo al monto de inversión y los recursos que se esperaban obtener por un tiempo determinado.