El próximo mes de marzo entrará en vigor en Venezuela la “Ley para la prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos”, aprobada el año pasado por la Asamblea Nacional. La exposición de motivos con que presentó la iniciativa el Partido Patria para Todos es un poema. Abre así, literalmente: “Cuando hablamos de violencia, la describimos y asociamos como un fenómeno igual al problema de la inseguridad, quizás, lo más importante, o mejor dicho lo más pertinente sea separar una cosa de la otra, separar un tema del otro”.
A continuación dice que la violencia “es un detonante que tiene como consecuencia la inseguridad”, dice que es un problema “complejo, estructural y multifactorial” y que “si no logramos ponernos de acuerdo (todos) este problema no podrá solucionarse, con lo que podemos entender y concluir que es casi imposible la solución al mismo ya que por sus características y lo antes descrito lo convierten en un macro problema”. Y por eso el PPT propone la ley.
Siguen seis páginas en que se mencionan “algunos estudios internacionales” y “datos estadísticos recientes”, y se cita media docena de documentos jurídicos, desde la Declaración de los derechos del niño hasta la Constitución Bolivariana y la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. El texto concluye con un apotegma que casi pide el mármol: “Los juguetes deben estar al servicio de niñas y niños y no a la inversa”.
No me queda muy claro lo que quiere decir la frase, pero suena muy mal que se ponga a los niños al servicio de los juguetes. No vamos a discutir por eso: es inaceptable. Sea lo que sea, es difícil saber cómo vaya a evitarlo la ley. Eso o el problema de la violencia. Pero, vayamos por partes. Lo primero que llama la atención es el lenguaje, la mezcla de presuntos tecnicismos, jerga de consultoría y de oficio burocrático. No es trivial. Seguramente los redactores del documento hablan e incluso escriben normalmente con mediana corrección; es el esfuerzo por darle autoridad al texto lo que lo convierte en un auténtico galimatías, de concordancias imposibles, con las comas puestas a voleo. También es curioso el voluntarismo de la iniciativa. Y que se pase por alto que el tono bélico es indispensable para el “Aló, Presidente”, por ejemplo.
El primer artículo de la ley es clarísimo y tajante: se trata de “prohibir la fabricación, importación, distribución, compra, venta, alquiler y uso de videojuegos bélicos y juguetes bélicos”. También el uso, que conste. La sanción es igualmente clara: de tres a cinco años de prisión. El problema está en la definición. Según el artículo tercero, son “videojuegos bélicos: aquellos videojuegos o programas usables” en cualquier “dispositivo electrónico o telemático, que contengan informaciones o simbolicen imágenes que promuevan o inciten a la violencia o al uso de armas”. Es decir, todos, salvo el jueguito de acomodar cubos. Todos, o los que escoja la policía en su momento.
Pero es peor con los “juguetes bélicos”, porque se trata de “aquellos objetos o instrumentos que por su forma, imitan cualquier clase de arma… así como aquellos que, aun sin promover una situación de guerra, establecen un medio de juego que estimula la agresividad o la violencia”.
Si se toma en serio, significa que estará prohibido casi todo, desde las pistolas de agua hasta los guantes de box, las resorteras, los disfraces de Batman y el tiro al blanco en las ferias. Y no sé que aspecto tenga el “arma de terremotos” de Estados Unidos que, según la televisión pública venezolana, ocasionó el terremoto de Haití, pero estará prohibida cualquier cosa que se le parezca.
Aunque no se dice de manera explícita, el texto de la ley también permitiría sancionar a los niños que se fabricasen pistolas y espadas a base de troncos. Imagino que no se llegará a tanto. De momento, para evitar reacciones de pánico, los legisladores han dado un plazo prudente, de tres meses, para que la gente entregue voluntariamente todos los juegos y juguetes bélicos que tenga.
Hablando en serio, yo sé, los legisladores bolivarianos saben que no se castigará a nadie por usar una pistola de agua ni por tener un videojuego de matar marcianitos. Entonces, ¿para qué la ley? Podría ser que se tenga en la mira a un empresario en particular, pero no parece razonable. Es un instrumento de represión flexible y por eso útil: todos los fabricantes y vendedores de juguetes, y a continuación todos los padres de familia vivirán en adelante amenazados, con una condena de prisión pendiente sobre la cabeza. Acaso se trata de eso. O hay quienes piensan que de verdad con la prohibición se va a conseguir “el desarme social y la mayor suma de felicidad posible”. En todo caso, en la delirante proliferación de leyes del chavismo, en su lenguaje y en su ambición, está una de las claves del régimen: habría que descifrarla.
agp