Rafael Rojas
La batalla que desde hace años han sostenido en Argentina los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el grupo mediático Clarín obliga a pluralizar, por lo menos, uno de los términos de la compleja relación entre prensa y poder en América Latina. No se trata, únicamente, de la tradicional tensión entre el Estado y los medios privados de la opinión pública sino de desencuentros puntuales con un gobierno concreto.
Es cierto que bajo otros gobiernos de la izquierda latinoamericana, como los de Chávez, Morales y, sobre todo, Correa, se han producido conflictos entre el poder público y los medios. Sin embargo, esos conflictos se han resuelto, en algunos casos, a través de acuerdos entre los grupos mediáticos y los gobiernos. Es conocido, por ejemplo, el arreglo que impulsaron Hugo Chávez y la familia Cisneros, en Venezuela, a mediados de la década pasada.
En entrevista reciente con el diario El País, el director de Clarín, Ricardo Kirschbaum, remonta el pleito al apoyo que, en 2008, dieron el periódico, las radios y las televisoras de ese grupo al sector agrario, en diferendo con los Kirchner. A partir de entonces el conflicto no hizo más que escalar, personalizándose fuertemente en torno a la figura de la presidenta Cristina Fernández.
En una política tan polarizada como la argentina, los análisis sobre el diferendo tienden a ser maniqueos. Quienes respaldan al grupo insisten en el autoritarismo del gobierno y en el rechazo a la libertad de expresión de la mandataria Fernández. Los que apoyan al gobierno, en cambio, asumen un discurso antimonopólico y asocian a Clarín con oligarquías de derecha, opuestas a la democracia.
Ambos extremos distorsionan el origen del diferendo. El gobierno argentino, más allá de la personal fobia a la crítica de la presidenta, no es ideológicamente antimonopólico y, por lo visto, respalda un crecimiento del poder del Estado sobre los medios. Pero tampoco los dueños y líderes de Clarín son partidarios de una regresión al autoritarismo o unos nostálgicos de la dictadura militar.
Ningún monopolio, privado o público, es bueno, sobre todo cuando lo que está en juego es la infraestructura de la opinión pública. En el caso argentino, es evidente que la ofensiva del gobierno contra Clarín, que parece culminar ahora con la declaración de constitucionalidad de la Ley de Medios, por parte de la Corte Suprema de ese país, tiene su origen en una evidente intolerancia de la Casa Rosada a la crítica pública.
Si Clarín hubiera negociado una lealtad mínima al gobierno de Cristina Fernández, similar a la que han asegurado otros consorcios privados en Venezuela, Ecuador y Bolivia, probablemente hoy no se estaría debatiendo la constitucionalidad de una Ley de Medios en Argentina. El mayor riesgo siempre es que el monopolio privado sea reemplazado por un monopolio estatal, como sucede en Cuba.
La reducción del control mediático del grupo Clarín, a menos del límite del 35% que señala la ley, hará más visible la diversidad política argentina. En una esfera pública mejor distribuida, la propia reticencia de la Casa Rosada al debate —reflejada en el inmaduro rechazo de la Presidenta a dar conferencias de prensa—, será más evidente y menos justificable.
rafael.rojas@3.80.3.65
