Como aquí le conté, se consultó a la empresa dirigida por Guilherme Loureiro en torno al pescado adquirido a Atuneros Unidos de Baja California, presunta propiedad de Joaquín El Chapo Guzmán, y que vende con la marca “Atún Aurrera”. La respuesta es que el asunto fue turnado a la Unidad de Cumplimiento en EU, pero hasta ahora no hay dictamen judicial que prohíba comerciar con una empresa cuyos directivos son procesados por presunto tráfico de cocaína.
La respuesta proporcionada por Antonio Ocaranza, al frente de relaciones institucionales de la compañía, es que cuando supieron de la detención en 2014 y 2016 de los hermanos Jaime Antonio y Humberto René Mandujano Eudave, por presunto tráfico de droga a EU y España, el caso se turnó a dicha Unidad que en EU corresponde a Jay T. Jorgensen, y se inició la investigación correspondiente. No está de más señalar que el punto candente en la investigación policiaca es saber si acaso Walmart puede ofrecer uno de los precios de atún más bajos del país —y ante el cual les es difícil rivalizar a las demás cadenas comerciales— debido a que la flota de Atuneros Unidos de Baja California obtiene ingresos ilegales.
Hasta ahora, refiere Walmart, la investigación no arroja datos que confirmen que le compren atún enlatado a una empresa pesquera relacionada con el narcotráfico (a la que comprarían a través de la procesadora de “marcas privadas” Calkis, Burke & Zannie, dirigida por Marco Antonio Zannie Rafols), ni existe un boletín en que las autoridades estadounidenses prohíban de comprarle a Atuneros Unidos de Baja California. ¿Y cuándo se despeje la duda judicial, qué pasará?
ISSSTE juzga dos veces. El equipo de José Reyes Baeza al parecer desconoce que no se puede acusar legalmente a nadie dos veces por lo mismo. Eso es lo que ha sucedido con Tradeco que dirige Federico Martínez e IGSA de Santiago Paredes, pues el contrato para construir un hospital se rezagó por responsabilidad del propio ISSSTE (tardó en entregar modelo financiero, proyecto, permiso de demolición y terreno cerca de un año), al punto que Tradeco obtuvo una suspensión provisional cuando el instituto intentó cancelar el contrato. Ante ello, el Órgano Interno de Control intentó —y ahí la presunta violación a los derechos de los imputados— inició el proceso de inhabilitación ante la SFUPU con el expediente SAN-002/2016. Y al parecer, en la dependencia entonces a cargo de Virgilio Andrade, fueron comedidos en esa “cacería de brujas” contra las empresas que imaginan fueron favoritas del sexenio pasado. Qué pena.
Las razones del B 787-9. Esta semana salió del taller de pintura el primer Boeing 787-9 Dreamliner, Quetzalcóatl, de un total de 10 aparatos para la flota de la aerolínea que preside Javier Arrigunaga. Los números al mes de agosto lo explican: el crecimiento sostenido en el número de viajeros y un nivel de ocupación promedio de 80% a lo largo del año, muestra el sólido desempeño de la firma dirigida por Andrés Conesa.
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