Cuando los gobiernos convierten las promesas de campaña en acciones concretas someten a la ciudadanía a lecciones gratis de realismo político. Durante el proceso electoral y en los primeros días del actual gobierno circuló la tesis de que la nueva política migratoria sería más receptiva con las caravanas y aplicaría una política de asilo a los migrantes centroamericanos. También se insistió en la idea de una fuerte apuesta al desarrollo social en el Triángulo Norte como alternativa a la contención migratoria.
Ahora vemos que no se trata de políticas contradictorias sino complementarias. Hace algunas semanas se supo que en lo que va de año el gobierno mexicano ha triplicado las deportaciones de centroamericanos: un total de más de 43 mil personas de esa región han sido repatriadas desde enero. Si a fines de 2018 no llegaban a 6 mil los deportados, en abril pasado fueron casi 16 mil. Las denuncias por abusos en estaciones migratorias son cada vez más frecuentes.
Pero a la vez que contiene, el nuevo Gobierno mexicano facilita el asilo: el Instituto Nacional de Migración ha privilegiado a las caravanas en la concesión de unas 13 mil 270 tarjetas humanitarias de refugiados. La cifra no es menor si se tiene en cuenta que según la ACNUR y la CONAR en lo que va de año se han presentado 18 mil 365 solicitudes de refugio en México por parte de migrantes centroamericanos.
A la política de contención y refugio se suma ahora el gran programa de desarrollo regional, anunciado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. El proyecto, que el Presidente alguna vez llamó “Nueva Alianza para el Progreso” y que ahora llama “Plan Marshall para Centroamérica”, supone una transferencia de fondos por 10 mil 600 millones de dólares e iniciativas concretas como una planta eléctrica en Puerto Cortés (Honduras), un gaseoducto del Golfo de México a San Pedro Sula o una extensión de la línea férrea del Tren Maya a Guatemala.
Se trata, sin duda, de una idea maravillosa pero con una formidable limitación: el capital tendría que ponerlo Estados Unidos. La propuesta de la CEPAL y el Gobierno de México es, por tanto, un buen deseo que ejerce presión diplomática sobre Washington para que el Presidente Donald Trump revise su amenaza de cortar la ayuda al desarrollo centroamericano. Amenaza que el mandatario ya incorporó al discurso racista de su perpetua campaña presidencial.
Una verdadera transacción, en la mejor tradición del realismo político de la diplomacia moderna. México propone a Estados Unidos una eficaz política de contención, basada en la deportación y el refugio de centroamericanos, a cambio de que el vecino del norte invierta miles de millones de dólares en el desarrollo de Centroamérica. Una jugada en la que todos ganan, pero que deberá ser aceptada por un impredecible Trump, que en cualquier momento puede regresar a la letanía de que México pagará el muro fronterizo.
