Escandalosa reforma constitucional en Baja California para revocar un mandato de dos años en el gobierno e imponer otro de cinco. La llamada Ley Bonilla ha sido muy criticada por su naturaleza antidemocrática, una chicanada que se burla del votante al interpretar, de motu proprio, la voluntad popular en beneficio exclusivo de Jaime Bonilla.
La reforma fue aprobada y su publicación retardada para que el lapso de tiempo entre las impugnaciones que la aguardaban y la toma de posesión, el próximo 1 de noviembre, fuese insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudiera resolver. Estrategia orquestada desde el primer círculo de un gobernador electo, que pretende tres años más de poder a como dé lugar.
Antier la SCJN admitió cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra del atraco que implica la Ley Bonilla. El ministro Fernando Franco es el encargado de procesar estos reclamos y valorarlos, a la luz del espíritu y letra de la Constitución; el alto juez no concedió la suspensión del acto, es decir, Jaime Bonilla protestará el cargo como está previsto el 1 de noviembre.
Sin embargo, la Corte advierte que Bonilla tomará posesión porque el efecto reclamado está protegido; si en seis o 12 meses la SCJN resuelve que la reforma que extiende de dos a cinco años el periodo de gobierno es inconstitucional al haberse efectuado después de las elecciones, entonces el gobernador deberá dejar el cargo al cumplir dos años.
La Ley Bonilla está en capilla, la SCJN tiene el asunto en sus manos y las probabilidades de que el proyecto de sentencia del ministro Franco sea opuesto a la extensión de mandato, son, nos dicen, altamente probables. Si así ocurre, el pleno de la Corte requeriría el voto a favor de 8 de los 11 ministros que la integran; la ausencia por renuncia de uno de los ministros obliga a un consenso casi absoluto; el riesgo de división de criterios e interpretaciones es la única posibilidad de que Jaime Bonilla se salga con la suya.
Adicional a la revisión en la SCJN, la Ley Bonilla está siendo combatida también desde el INE. Consejeros electorales solicitaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definir el periodo para el cual Jaime Bonilla protestará la próxima semana.
Un carril paralelo que abre otra rendija para impedir el atraco en Baja California el cual, de consumarse, inaugurará indeseables vías para burlar las reglas mínimas de la democracia.
Al articulado de argumentos que alertan lo absurdo de la pretendida extensión de mandato, se le suman por fin un par de acciones contundentes, por un lado, la revisión en el máximo tribunal constitucional y, por otro, la intervención de la última instancia judicial en materia electoral.
Las condenas del Presidente López Obrador (dijo que el asunto le daba pena) no fueron escuchadas; la condena del jefe de la 4T no bastó; insisten hasta al extremo de zanjar los múltiples cuestionamientos con estulticia declarativa, “acataré lo que resuelva la SCJN…”, faltaba sólo que Bonilla dijera lo contrario.
El próximo gobernador en Baja California se encargó, para efectos políticos, de minimizar aún más su breve periodo al frente del Ejecutivo estatal. La gestión de Bonilla comenzará manchada por su intención de prolongar el mandato para el cual sus paisanos votaron; varios de sus pocos meses en el poder estarán determinados por la incertidumbre de lo que la SCJN y el TEPJF resuelvan, el resto del tiempo será un suspiro para él y una eternidad para los ciudadanos.
La Ley Bonilla quedará como ejemplo de desaseo político. El ministro Fernando Franco tiene en su escritorio un caso que deberá significar cambio de régimen y un dique en contra de la costumbre de moldear la Ley a través de artilugios, dilaciones intencionales y hechos consumados.
La SCJN tendrá, en el momento adecuado, la última palabra que hasta Jaime Bonilla debe respetar. Para el Presidente López Obrador el revés será un estandarte democrático, símbolo de algo nuevo, menos chueco y más derecho.
