La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza esta semana un caso relacionado con la indemnización derivada de un accidente que dejó a una persona con severas lesiones físicas. En este asunto, la víctima sufrió una descarga eléctrica que le ocasionó la amputación de ambas piernas, así como daños en el cuello y la espalda. En consecuencia, presentó una demanda en la vía ordinaria civil en contra de una empresa de seguros, solicitando diversas prestaciones, entre las que se incluyen la declaración judicial de responsabilidad civil objetiva, la reparación del daño físico, daño emergente, lucro cesante, daño al proyecto de vida y daño moral.
Tras el juicio en primera instancia, el tribunal resolvió a favor del demandante y condenó a la aseguradora al pago de la indemnización correspondiente. Inconforme con la resolución, la empresa promovió un recurso de apelación, pero nuevamente se confirmó la condena. Ante esta situación, interpuso un juicio de amparo, argumentando que la determinación vulneraba sus derechos, sin embargo, el amparo le fue negado. Ahora, la Primera Sala de la Corte revisará el caso para determinar si, conforme a la legislación civil de la Ciudad de México, la indemnización por responsabilidad civil y el derecho a la reparación integral del daño deben calcularse con base en el salario mínimo o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En el proyecto de sentencia que se discutirá, la Primera Sala establece que una norma jurídica puede utilizar el salario mínimo en lugar de la UMA cuando ello responda a la finalidad propia del salario mínimo, que es garantizar el sustento de una persona. Además, destaca que, tratándose del derecho a la reparación integral del daño, la cuantificación de la indemnización debe corresponder a la magnitud del daño sufrido, por lo que este elemento siempre debe ser el punto de partida para calcular el monto a pagar. La postura de la Corte señala que emplear la UMA como referencia para determinar el monto indemnizatorio distorsiona el objetivo de la norma, ya que esta unidad de medida no está directamente relacionada con la pérdida de la capacidad productiva de una persona afectada por un daño grave.
Con base en este análisis, la Primera Sala tiene previsto ordenar al Tribunal Colegiado que, para este caso concreto, se abstenga de considerar la UMA como referencia de cálculo y, en su lugar, utilice el salario mínimo como parámetro para cuantificar la indemnización por incapacidad prevista en el segundo párrafo del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal. Este caso, identificado como el Amparo Directo en Revisión 6050/2024, es relevante porque podría sentar un precedente en la manera en que se determinan las indemnizaciones por responsabilidad civil en México.
Si la Corte confirma la postura expresada en el proyecto de sentencia, se reforzará el criterio de que el salario mínimo es la medida adecuada para calcular indemnizaciones por daños que impacten la capacidad de generar ingresos de una persona, en lugar de la UMA, cuyo valor es significativamente menor. De confirmarse este criterio, se espera que las indemnizaciones por responsabilidad civil sean más justas y proporcionales a la afectación económica real de las víctimas, especialmente en casos de incapacidad permanente o pérdida de medios de sustento. Asimismo, el fallo podría influir en futuros litigios similares y en la forma en que los tribunales resuelvan asuntos relacionados con la reparación integral del daño en materia civil.
Reforma Infonavit. La discusión sobre la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) será la protagonista esta semana de señalamientos de alterar el esquema tripartita de este instituto. Pero además de no cuidar el ahorro de los trabajadores, y aunque en el Senado de la República, recientemente fue aplazada la discusión de esta iniciativa, el proyecto de Palacio Nacional para construcción de viviendas mediante una empresa para la construcción de 500 mil viviendas de interés social no se detendrá porque es una promesa de gobierno.
Voz en off. Desarrolladora Homex, ha sido declarada en quiebra. La determinación fue notificada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en Ciudad de México, luego de que concluyeran sin éxito los plazos de conciliación y las prórrogas solicitadas para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La empresa dice que interpondrá un recurso de apelación con el objetivo de evitar la liquidación de sus activos. Homex con penoso pasado, dice que mantiene negociaciones con sus acreedores para buscar una solución viable. Dificultades financieras la persiguen en los últimos años. El futuro de Homex sigue en incertidumbre, con la empresa buscando revertir la declaratoria de quiebra y evitar la liquidación de sus activos en un esfuerzo por reestructurar su situación financiera. Esta no es la primera vez que Homex enfrenta problemas financieros, ya que durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, en junio de 2014, la compañía fue declarada en concurso mercantil por un juez federal, con lo cual buscaba establecer un plan de reestructura para garantizar la viabilidad de su negocio, mismo que finalizó en julio de 2015…