En horas se pueden definir épocas. Es lo que ocurrió con el asesinato de Enrique Kiki Camarena, en manos de Rafael Caro Quintero en 1985.
Se abrió la caja de Pandora y ello significó que todos los cimientos de los mercados ilegales se cuartearan y que se reacomodaran los liderazgos de modo violento.
Pero al mismo tiempo generó una de las crisis más graves en la relación entre México y los Estados Unidos, llegando a estar al borde de la ruptura diplomática.
Magnicharters, de pena
Esto resultó así, porque maleantes y policías corruptos cruzaron una línea que ya no tendría retorno, y cuyas implicaciones, hasta la actualidad, son inciertas.
Un boquete, ya imposible de cerrar en ese momento, en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), ya que Camarena contaba con credencial de comandante de esa corporación, y Don Neto tenía dos guardaespaldas que cobraban también sus quincenas en la policía que dependía de la Secretaría de Gobernación.
En el interrogatorio que llevó a la muerte del agente de la DEA, estuvieron presentes, además de Caro Quintero y Don Neto, agentes policiales de la DFS y de la policía Judicial de Jalisco.
El documento que amparaba a Camarena como integrante de la DFS y con el nombre de Pedro Sánchez estaba firmado por José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la DFS, y en el momento del crimen, candidato a diputado por el distrito uno de Hidalgo.
Zorrilla Pérez, quien renunciaría a la postulación, terminó en prisión, años después, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, en 1984.
Es más, luego del secuestro y asesinato de Kiki Camarena se desató una purga en la DFS que, en primera instancia, significó la baja de 427 agentes y el cambio de 19 de los 31 delegados en el territorio nacional.
Era el principio del fin y, para noviembre de 1985, se transformó en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional.
Caro Quintero pudo huir a Costa Rica, porque contaba con protección policiaca. Armando Pavón, el comandante de la Policía Judicial Federal, que tenía la instrucción de detenerlo, se hizo de la vista gorda y recibió 60 millones de pesos (unos 228 millones si se calcula el poder adquisitivo en la actualidad).
Hay que decir que el narcotraficante y el policía siempre negaron el pago. Pavón, inclusive, afirmó que había agentes de la DEA en el aeropuerto de Guadalajara.
En Costa Rica, Caro Quintero no tuvo que pasar migración, ya que lo recogieron, en un auto Mercedes Benz con placas diplomáticas, a las puertas del avión.
Lo localizaron y extraditaron a México, por información que proporcionaron agendes de la DEA, radicados en San José.
En Washington dieron curso a la Operación Leyenda y desde hace 40 años no han cejado en su empeño de que Caro Quintero comparezca ante una Corte de Justicia. De ahí la relevancia de su traslado a los Estados Unidos.
