Le elección para puestos del Poder Judicial en México sigue siendo un tema de especialistas. A estas alturas de 2024, por ejemplo, alrededor de la mitad de la población sabía cuándo se iban a realizar las elecciones, en comparación del 12 por ciento en el actual proceso electoral. Los sondeos indican que el conocimiento del electorado respecto a las distintas candidaturas es prácticamente nulo.
Las campañas iniciarán el próximo 30 de marzo. A partir de esa fecha —a pesar de los evidentes actos previos de campaña por parte de las ministras que se inscribieron a la contienda— las y los aspirantes a los distintos cargos podrán desplegar actividades para que la ciudadanía pueda conocer su trayectoria y propuestas. No obstante, el INE ha optado por restringir las posibilidades de que las candidaturas puedan darse a conocer por el electorado.
En primer lugar, la autoridad electoral ha establecido un tope de gastos para las campañas de 220 mil 326 pesos. Es fácil imaginar la imposibilidad para dar a conocer trayectoria y propuestas con ese límite de gasto. Tan sólo en pasajes de avión, impresión de materiales de propaganda, traslados, es claro que los esfuerzos tendrán que ser muy limitados.
En segundo lugar, las candidaturas no tendrán acceso a los tiempos en radio y televisión que administra el INE. Si bien en el caso de la televisión existe una clara imposibilidad técnica, tratándose de estaciones de radio se podría haber hecho un esfuerzo para abrir espacios, en especial a quienes compiten para cargos nacionales. Inclusive se prohibió la posibilidad de adquirir pautas en redes sociales, que hubieran permitido llegar a una parte relevante de la población, lo que favorece claramente a quienes cuentan en la actualidad con algún apoyo institucional, que permite potenciar su influencia en las redes digitales.
Por último, el INE parece haber renunciado a organizar debates entre las distintas candidaturas, lo que sería una oportunidad inigualable para que la población pudiera conocer a los contendientes y así poder emitir un voto medianamente informado. Como si eso no fuera suficiente, tampoco ha aprobado ciertas reglas básicas que generen condiciones de equidad para las candidaturas en debates que organicen los medios de comunicación, instituciones académicas, etc. Establecer exigencias mínimas como asegurar que ninguna persona pueda ser excluida cuando se organice un debate, prevendría abusos por parte de los medios de comunicación que generaría condiciones de inequidad irreversibles.
El INE tiene el mandato constitucional de brindar a la ciudadanía los elementos suficientes para ejercer un voto informado y razonado. En especial en este tipo de elecciones en donde se ha hecho imposible para las candidaturas poder desplegar una campaña al electorado. Todavía existe una sólida capacidad institucional para generar debates, foros, programas, campañas informativas que permitan brindar información indispensable a la ciudadanía. Todavía hay tiempo para actuar. El dilema está claro. Optar por un voto razonado o dejar que la movilización política determine a las personas encargadas de la fundamental tarea de impartir justicia a nivel federal.