Quién lo diría, cuando nació el IFAI, en 2003, que con el tiempo se convertiría en el Inai, la llegada de la transparencia y el acceso a la información parecían una agenda ganada de modo definitivo por la sociedad.
En 22 años pasaron muchas cosas, pero fue a partir de diciembre de 2018 que los nubarrones se empezaron a dibujar en el horizonte, aunque la puntilla fue en realidad el resultado de las elecciones del 2024 y el acomodo de las diputaciones plurinominales, por determinación del INE y con el respaldo del TEPJF, que le dio a Morena una fuerza que no obtuvo en las urnas y que permitió las modificaciones a la Constitución.
El Inai sufrió el efecto de las ranas en una olla en la que el fuego calentó el agua hasta la ebullición y cuando se dieron cuenta, ya no había mucho que hacer.

¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
Nunca pudieron contrarrestar la falsedad que se esparció de que los comisionados ganaban más que el Presidente de la República. No era así. Se bajaron el sueldo para pasar de 132 mil a 106 mil pesos.
Pero el problema nunca estuvo ahí, inclusive, el costo del Inai es bajo. En 2022 se hizo un estudio y, en términos presupuestales, le costaba 7.79 pesos anuales a cada mexicano, esto es, 65 centavos mensuales.
La CNDH, que a estas alturas ya no sirve para nada, se llevaba, ese año, el 1.31 por ciento del presupuesto de Egresos de la Federación, mientras el Instituto de Transparencia el 0.75 por ciento.
Pero, sobre todo, hay que insistir en ello, los integrantes del pleno optaron por ir escalando sus pleitos hasta llegar al escándalo. Muchos de los ataques que recibieron fueron orquestados desde sus propias oficinas. Actuaron de modo temerario y así les fue, lo grave es que los efectos son en el derrumbe de una institución clave en democracia.
Las divisiones se profundizaron e inclusive la propuesta de un pago compensatorio para los empleados, promovida por el presidente Adrián Alcalá no había prosperado, pero las tres comisionadas hablaron con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y las convenció de otra cosa.
Quizá en los 730 empleados del Inai esté la muestra del drama y el daño mayor, ya que son personal calificado, que sirvieron a la institución con eficacia y lealtad, pero entrarán en una espiral de incertidumbre que no merecían y de la que los protegía la carrera profesional, otra arista que estalló por los aires.
La reforma contempla, en uno de sus artículos transitorios, que se respeten los derechos laborales de la plantilla, ya sea incorporándolos al nuevo proyecto o liquidándolos conforme a la ley.
El problema es que no hay mucha confianza en que les cumplan, porque la aplicación de la ley, de un tiempo a esta parte, es, digamos, flexible.
Un triste final que, hace tan sólo algunos años había parecido inverosímil. ¡Vaya ingenuidad!
@jandradej

