Fuentes del más alto nivel, consultadas ayer por este columnista, advierten que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su preocupación por el reclutamiento y la instalación de campos de entrenamiento “patrocinados” por los principales grupos criminales en Sonora, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Michoacán.
Durante la última década, la DEA ha fortalecido el seguimiento de las operaciones nacionales, en Estados Unidos y a nivel internacional, tanto del Cártel de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y confirmado su presencia en al menos 40 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, algunos tan lejanos como Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Así, el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, es sólo una pieza de un complejo rompecabezas que han construido las dos principales empresas criminales mexicanas en una cadena de acciones que ha normalizado la violencia y la muerte de inocentes para mantener la hegemonía de sus operaciones y, con ellos, ganancias multimillonarias.
La oficina de Administración para Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han elaborado un minucioso mapa en el que confirman el nivel de presencia de estas dos bandas en los 50 estados de la Unión Americana, pero también sus modelos de “negocio” y contactos con proveedores de precursores químicos y lavadores de dinero en China.
El informe de inteligencia Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2024 (NDTA), elaborado por la DEA, detalla que pese a estar dividido en cuatro (con las facciones de Los Chapitos, La Mayiza, el grupo de Caborca y El Guano) el Cártel de Sinaloa sigue siendo la empresa criminal más poderosa del mundo.
Advierte su control en puertos como Mazatlán y Manzanillo en el Pacífico y Veracruz y Matamoros en El Golfo de México, que su diversificación incluye el huachicol de gasolina, la trata de personas, el tráfico de migrantes, armas y dinero y el establecimiento y control de circuitos de prostitución, su relación con grupos de China, India, Australia y Nueva Zelanda.
Sobre el Cártel Jalisco, presuntamente responsable del campo de adiestramiento en Teuchitlán, precisa que opera bajo un modelo de franquicias controladas por “El Mencho” y un pequeño grupo de altos mandos que le reportan directamente y con un segundo nivel de jefes regionales y de plaza opera bajo las órdenes de los líderes principales.
Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre puede ser producto del modelo de franquicia con el que opera el CJNG y que la DEA lo explicó así en el NDTA 2024:
“El modelo de franquicia permite a cada grupo semi independiente adaptar sus operaciones a áreas específicas de especialización (por ejemplo, la gestión de laboratorios clandestinos de metanfetamina) o a las demandas del mercado, siempre que cumplan con los requisitos de nombre, marca y estructura organizativa, y sigan la dirección general dictada por los líderes del Cártel de Jalisco.
“El modelo de franquicia también permite al Cártel de Jalisco expandirse rápidamente, ya que es fácil establecer nuevas franquicias. El Cártel de Jalisco también maximiza sus ingresos mediante este modelo, ya que los líderes no cubren los costos operativos de sus franquicias, sino que se llevan un porcentaje de las ganancias totales.
“Sin embargo, una de las principales debilidades del modelo de franquicia es que los grupos de franquicias individuales que operan bajo el nombre del Cártel de Jalisco pueden formar sus propias alianzas únicas con otros grupos criminales, algunas de las cuales se oponen directamente a las alianzas de otras franquicias”, detalla el informe de la DEA.
Así, esta claro que es un escenario complejo, difícil. El cuerpo de inteligencia del Estado Mexicano, liderado por Omar García Harfuch, ha incrementado sus trabajos para enfrentar a estas empresas criminales. La estrategia del Estado Mexicano insiste en atacar el origen del problema: las faltas de oportunidades y la pobreza, pero con acciones contundentes contra los capos de la droga… Los resultados tardarán, pero, me aseguran, llegarán.
RADAR
Mañana se cumplirá un año del asesinato de una pequeña, en Taxco, Guerrero. Un caso que conmocionó al país. La niña fue asesinada, su vecina linchada y los dos hijos de esta enfrentan un juicio por feminicidio. Es una tragedia.
Pero ayer el Congreso de Guerrero dio un paso histórico y aprobó la Ley Camila -una iniciativa preferente enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para la protección de la niñez y la juventud- que agrava las penas por delitos sexuales y privación ilegal de la libertad contra menores.
Ayer la gobernadora Salgado expresó su reconocimiento al Poder Legislativo del estado por la aprobación unánime de la Ley Camila. Señaló que esta norma representa un avance hacía la erradicación de la violencia de género en la entidad, fortaleciendo la cultura de la legalidad y mejorando la actuación de las instituciones gubernamentales, lo que permitirá consolidar a Guerrero como un santuario para todas las mujeres.
Esta iniciativa fue enviada al Congreso del estado, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¡Bravo!