Más allá de cualquier tango de Gardel, hoy no sólo da lo mismo ser derecho que traidor: parece incluso peor. A finales de 2022, el investigador Guillermo Sheridan reveló el plagio de tesis de licenciatura cometido por la ministra Yasmín Esquivel. Luego se acreditaron al menos dos casos más de tesis prácticamente idénticas, todas vinculadas a la misma directora de tesis.
Tras una investigación administrativa, la profesora fue destituida. Sorprendentemente, decidió demandar en lo civil al exrector Enrique Graue y al director de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla, no en su carácter de autoridades universitarias, sino como particulares.
Su defensa roza lo absurdo: argumentó que la normativa universitaria no prohíbe compartir una tesis con otro alumno como “modelo”. En esencia, justificó el plagio como una práctica pedagógica.
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Increíblemente, la jueza cuarta civil de la Ciudad de México le dio la razón. La sentencia, difundida por diversos medios, es difícil de creer.
Uno de los hechos que motivaron la demanda fue un oficio en el que el director de la FES Aragón convocó a la profesora a una audiencia administrativa, describiendo las conductas que serían objeto de análisis. El documento advierte que, de acreditarse los hechos, podría haber una violación a la normatividad universitaria. Según la jueza, este oficio constituye “daño moral” por incluir aseveraciones innecesarias, interpretándolo como un abuso del derecho a la información.
Al rector se le responsabiliza por emitir un Acuerdo para regular los Comités de Ética de la UNAM y por una publicación en la Gaceta Universitaria, en la que se reseña su discurso sobre el dictamen del Comité de Integridad Académica de la FES y las medidas tomadas frente al plagio. En ese discurso, se menciona —sin dar nombres— que la FES había rescindido el contrato de la asesora de las tesis plagiadas. Para la jueza, eso bastó para acreditar una afectación al “honor” de la profesora, ya que la resolución aún podía ser impugnada. Además, sostuvo que el rector no tenía facultades para emitir ese Acuerdo, excediéndose gravemente en sus funciones al juzgar sobre competencias internas de una universidad autónoma, algo que está fuera del ámbito de un tribunal civil.
Es profundamente preocupante que se pretenda responsabilizar personalmente a las autoridades universitarias por cumplir con su deber ante un escándalo académico. Que esto ocurra por motivaciones políticas es alarmante. Y lo peor es que, con la inminente reforma judicial, podemos anticipar que no será el último caso de este tipo.
