Los Precriterios de Política Económica, publicados por la Secretaría de Hacienda, marcan el inicio del debate sobre el rumbo de las políticas públicas para el presente año y el siguiente.
El documento oficial es relevante por dos razones: primero, porque evalúa el desempeño económico del año en curso, y segundo, porque ofrece un adelanto sobre la estrategia fiscal y la perspectiva económica para 2026. Ambas evaluaciones cobran especial importancia ante el ajuste significativo en la postura fiscal previsto para los próximos dos años.
Uno de los aspectos más llamativos del informe es su optimismo en las proyecciones de crecimiento económico. Para este año, se estima un crecimiento del PIB del 1.9%, muy por encima del consenso de 0.6%. Para 2026, la proyección oficial es del 2.0%, también superior al consenso de 1.8%.
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En cuanto a la inflación, el pronóstico de 3.5% para 2025 está más alineado con la visión de los analistas, aunque ligeramente por debajo de la trayectoria estimada por Banxico. Asimismo, Hacienda anticipa una leve apreciación del tipo de cambio nominal, la cual se ve incierta ante la actual volatilidad financiera.
Uno de los puntos cruciales de la programación oficial es el de las finanzas públicas. Si bien las proyecciones de ingresos se basan en un escenario optimista de crecimiento, hay factores que mitigan el riesgo de sobrestimación.
Por un lado, la recaudación en el primer bimestre ha sido favorable: los ingresos públicos aumentaron 4.8% en términos reales, y los tributarios sorprendieron con un alza del 10.1%. Esto sugiere una mayor eficiencia recaudatoria, lo que podría compensar, al menos parcialmente, un eventual error en la estimación
de ingresos.
Por otro lado, el documento oficial no contempla los ingresos derivados del remanente de operación, que podrían sumar al menos 100 mil millones de pesos adicionales. Esto hace que el crecimiento de los ingresos proyectado para este año, del 3.5%, sea un objetivo factible.
En cuanto al gasto, se anticipa un ajuste significativo, con una reducción del 3% en términos reales para este año y del 2.7% para 2025. Esta estrategia reafirma el compromiso del gobierno con la estabilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos debido a la rigidez de ciertos compromisos, como los relacionados con la protección social y el costo financiero. Por ello, el ajuste se concentrará en el gasto corriente, que este año se reduciría en un 5.4% real.
Si las metas de ingresos y gasto se cumplen, el mensaje enviado sería positivo, ya que el déficit público amplio se reduciría del 5.7% del PIB en 2024 al 4.0% este año, con una nueva baja al 3.5% en 2026. Como resultado, la deuda pública amplia aumentaría hasta el 52.3% del PIB en 2025, estabilizándose en ese nivel el próximo año.
En general, aunque el escenario de crecimiento proyectado por Hacienda es visto con escepticismo por analistas económicos y Banxico, existen elementos que podrían permitir el cumplimiento de la meta fiscal. Entre ellos, destacan tres factores: la mayor eficiencia recaudatoria, la disponibilidad de ingresos extraordinarios y la firme decisión del gobierno de reducir el gasto público, reflejada en una contracción real del 17% durante el primer bimestre del año.
