Y donde no han quitado el dedo del renglón en el caso Ayotzinapa es en la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, a cargo de Zipacná Torres. Y es que resulta que esa institución consiguió que un juez le dictara sentencia a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por el asesinato del exsíndico municipal Justino Carbajal Salgado. El 8 de marzo de 2013, la víctima fue privada de la vida a tiros en las escaleras del edificio número 96, ubicado en la calle Zaragoza, colonia Centro de la ciudad de Iguala. Las indagatorias establecieron que Abarca ordenó la ejecución, la cual fue perpetrada por un grupo de sicarios. El juez penal determinó imponerle una pena de 20 años de prisión, resolutivo que la propia Fiscalía apeló para que el castigo sea mayor. El homicidio ocurrió antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero ha aportado información de cómo estaba el municipio en materia criminal cuando se dio la trágica desaparición de los 43.
Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer llevó la voz del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión con integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos. “Vamos a tener un diálogo desde la sensibilidad y el respeto pleno a los derechos humanos”, les dijo en el primer encuentro de este tipo que se da en años. “El Gobierno les reconoce como víctimas y su derecho a participar activamente durante las acciones que se implementen para la búsqueda y localización de sus seres queridos, así como garantizar su derecho a la información, tanto de las actividades como del resultado de las mismas”. Las palabras de la titular de Segob han sido bien acogidas por los colectivos, que han empezado a reconocer la posibilidad del canal de escucha y, según han dicho, a confirmar que el problema de los desaparecidos ahora sí tendrá atención. Pendientes.
Nos cuentan que Gerardo Fernández Noroña ayer se inspiró en el dato de que se cumplieron 20 años del desafuero del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que aprovechó para compararse con el propio tabasqueño. Según el presidente del Senado, él mismo también está siendo víctima de una embestida de la derecha facciosa y canalla. “Ahora resulta que lo importante de mi persona es que me gusta el acceso a la vida de pequeño burgués. O sea, eso no lo decían desde la izquierda de los setentas y ahora resulta que la derecha es clasista, es racista”, sostuvo. Fernández Noroña siguió luego hablando de sí mismo al advertir que llegó a la presidencia del Senado de la República gracias a su amor por el pueblo, su consecuencia, su tenacidad, su creatividad en las protestas… Y, nos dicen, sólo le faltó decir que también por su humildad. Uf.
Nos dicen que las autoridades de Campeche se volvieron invisibles, pues no se ve que alguien opere para que sea retirado un bloqueo que ayer cumplió cuatro días. Pobladores de Nuevo Progreso tienen taponeada desde el jueves la carretera federal 180, en demanda de que la CFE regularice el servicio en la zona. Se trata de un punto nodal por el que transitan todos los días miles de camiones de carga que llevan mercancía a la península de Yucatán, por lo que la afectación económica es considerable. Por si fuera poco, ayer la Secretaría de Educación estatal decretó la suspensión de clases en el sur, ya que los maestros no pueden dirigirse a los planteles. La gobernadora Layda Sansores aplica su política de dejar pasar el tiempo para que los inconformes se desgasten, como pasó con el paro de policías del año pasado. O a menos que piense que a ella no le corresponde intervenir, lo que equivaldría al “¿Y yo por qué?” de Fox, sólo que en versión tropical.
Resulta que en Baja California Sur, ese estado ubicado en el norte del que no se habla mucho, se vive una crisis de desapariciones, las cuales se dispararon a más del doble en lo que va de este 2025. La mayoría de las víctimas se concentra en Los Cabos, mencionado recurrentemente por colectivos como centro de trata de personas con fines de explotación sexual. En cuatro meses, los 34 reportes de ausentes ya representan el 39 por ciento del total de desapariciones registradas oficialmente en todo el 2024, que fueron 87. La cifra podría ser mayor, pues colectivos acusan que autoridades maquillan los datos. A la par, no dejan de aparecer fosas clandestinas. Entre 2023 y 2024, los colectivos hallaron 250. Y en lo que va del presente año ya han sido detectadas al menos 17 más. Es grave la ausencia creciente de personas, pero también, nos dicen, la ausencia de la autoridad en la entidad gobernada por el morenista Víctor Manuel Cosío. Uf.
¿Y entonces a qué se dedicaron los Comités de Evaluación que tenían como tarea garantizar que las y los candidatos que aparecen en las boletas de la inédita elección judicial no sólo estuvieran preparados y fuera de toda sospecha?, se sigue cuestionando más de uno. Y es que, a menos de dos meses de estos comicios y con un pequeño tramo recorrido de campañas siguen saliendo a flote perfiles cuestionables. Las dudas razonables sobre más de uno giran en direcciones diversas, pues algunas van en cuanto a la falta de experiencia para los cargos a los que aspiran, mientras que en otras lo que se debate es el camino profesional que les antecede y que a más de un candidato ya lo ligan con hechos impunes, complicidad en la deliberación de casos vinculados con el crimen organizado y, en otros tantos, con la relación directa en la comisión de algún delito.