La justicia está en campaña. Por primera vez en la historia democrática de México los integrantes del Poder Judicial se decidirán en las urnas. El Gobierno federal lo declama casi como una poesía y lo cierto es que es una tragicomedia, a la que nadie en realidad le está poniendo atención.
La participación será pobre en ese ejercicio inédito del próximo primero de junio, atípico y altamente complejo, y no sólo lo digo yo, también los datos y los “otros datos”.
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, son 881 puestos a nivel federal los que se votarán para reconfigurar el tercer poder del Estado (o en poder del Estado…); pero se suman además los otros comicios locales en 19 estados.
Cónclave para el regalo de Alito
Los tamaulipecos por ejemplo, tendrán el reto de llenar hasta 12 boletas (6 federales y 6 locales) y las elaboradas para la elección del Poder Judicial son muy diferentes de las de hasta ocho recuadros, a las que estamos acostumbrados.
En esta ocasión, varias de las boletas tendrán más de 45 nombres de aspirantes a magistrados o jueces, cuyas funciones, responsabilidades y diferencias, para la mayoría siguen sin estar claras. Además de que aquí los partidos políticos no figuran (supuestamente…).
Aunque el 71 por ciento de la gente conoce la división de poderes en México, 39 por ciento sitúa a la SCJN al mismo nivel que la Presidencia; un 32 por ciento pone al sistema judicial por debajo del Ejecutivo y el 23 por ciento señala lo contrario, de acuerdo a un estudio publicado en febrero pasado por la Fundación Konrad Adenauer México.
La Encuesta de Opinión Pública sobre el Poder Judicial y su Reforma en México señala que hay confusión en torno a las funciones: un 35 por ciento cree que los jueces investigan delitos, un 44 por ciento afirma que son quienes reciben denuncias y un 55 por ciento piensa que son responsables de perseguir a los delincuentes… ¡imagínense!
Pues las funciones arriba mencionadas en realidad corresponden a fiscalías y cuerpos de seguridad. De ese tamaño está el peligro del tan “democrático” e inédito ejercicio. Pero es lo que hay, y sobre eso hay que elegir. En eso sí coincidimos todos. ¡Ni modo!
El reto se magnifica si agregamos que hay 3 mil 422 candidatos buscando uno de estos 881 lugares y ha sido imposible analizar todos los perfiles. Y es una pena, porque ya podemos encontrarnos con algunos aspirantes a defender la justicia, que en su carrera han abogado más por la injusticia o peor aún, por la delincuencia.
La organización civil Defensorxs A.C. ha enlistado nombres como el de Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal, con el antecedente de haber sido defensor legal de personajes ligados al crimen organizado como Miguel Treviño, El Z40 (uno de los fundadores de Los Zetas) y Eleazar Medina El Chelelo, señalado como uno de los principales sicarios del Cártel del Golfo.
Además, en 2016 Escamilla Villarreal fue sentenciado en primera y segunda instancia por portación de arma de fuego sin licencia —que se castiga con 7 años de cárcel—, pero gracias a un amparo logró esquivar la condena.
Otro nombre señalado por Defensorxs es el de Andrés Montoya García, aspirante a magistrado federal, quien siendo subdirector del Sistema Penitenciario en Sonora en 2005, se reunió con el periodista Alfredo Jiménez Mota, que investigaba el tráfico de drogas del cártel de los Beltrán Leyva; hasta la fecha el comunicador sigue desaparecido y Andrés Montoya García quedó señalado como uno de los principales sospechosos.
Otro caso es el de Francisco Herrera Franco, candidato a Juez Federal en materia penal, exfiscal regional de Michoacán —apodado “el fiscal del terror”— y señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsiones a grupos indígenas y una posible relación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares.
La lista sigue y más delitos se acumulan entre distintos candidatos, además de aquéllos que tienen encima el reflector desde el sexenio pasado, por sus relaciones partidistas y familiares, y sus correspondientes actos anticipados de campaña.
¿Y todo para qué?, como dice la canción del grupo Intocable, si de todas maneras el pronóstico de participación es desolador.
El Instituto Nacional Electoral, francamente rebasado por esta elección de la que no tuvo control de planeación, calcula que de las 99 millones 771 mil 533 personas en la lista nominal, sólo entre 8 y 15 por ciento acudirán a las urnas.
Indiscutiblemente México está acostumbrado a procesos desaseados, cuyos caminos dan espacio a todo tipo de argucias y trampas, la diferencia es que aquí se juega la justicia —o injusticia— para cada uno de nosotros…
