A tres semanas de iniciada la campaña para la renovación total del Poder Judicial, las y los candidatos a jueces y magistrados se han hundido en una espiral de incertidumbres y limitantes que han abierto el camino a la intervención de grupos políticos de gran calado e incrementado la preocupación por la eventual intervención de grupos del crimen organizado.
La elección del próximo 1 de junio -me comentan en el Instituto Nacional Electoral (INE)- no se resolverá a través de campañas exitosas sino en territorio, mediante la movilización de vecinos para ir a votar por uno u otro candidato o candidata, y eso ya representa un “foco rojo” que rompe el principio básico de un proceso electivo en cualquier democracia: la equidad.
De acuerdo con las fuentes consultadas hay una preocupación que va al alza en la autoridad electoral pues, en el mejor de los casos, estos comicios inéditos pudieran alcanzar una participación ciudadana de entre 8% y 15% de la lista nominal de electores lo que abriría la puerta a la sombra de la intervención de poderes fácticos en este proceso.
Y si, hay preocupación si se toma como referencia la participación ciudadana de otros ejercicios inéditos que no lograron movilizar a la sociedad:
La Consulta Popular de octubre de 2018 para mantener o no el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco sólo tuvo una participación de 1.22% de la lista de electores; la Consulta sobre Programas Prioritario en noviembre de 2018 alcanzó 1.05%; en la consulta sobre Juicio a expresidentes fue de 6.85% y la de Revocación de Mandato 18.19%.
Y será tan baja la participación tanto por lo confuso de las instrucciones para que los electores ejerzan su voto como por la falta de promoción de los aspirantes.
Y así esta difícil tener piso parejo cuando los candidatos y candidatas hacen campaña sin dinero, enfundándose en un personaje mitad político y mitad influencer, que no pueden contratar ayuda profesional, que no pueden pautar en redes sociales ni organizar eventos pasivos y con grandes limitantes para aparecer siquiera en medios de comunicación.
Aspirantes consultados por este columnista refieren las vicisitudes que enfrentan.
Algunos han buscado el apoyo de líderes políticos con influencia nacional o regional para que movilicen sus bases en su favor el día de la elección, otros de plano han pasado la charola con empresas y amigos poderosos para operar “a la antigua” y comprar el voto de sus vecinos.
Algunos, como una candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de México que superó todos los filtros y cuando logra la nominación se queda sin trabajo y sin ingresos… están desesperados. Hoy esta candidata prácticamente ha abandonado la contienda ante la falta de recursos siquiera para sobrevivir.
Otro candidato, a juez mercantil, ha recurrido a liderazgos políticos nacionales en busca de que sus bases lo apoyen el día de la elección a fin de movilizar a lo votantes en su favor.
¿La moneda de cambio?: posiciones laborales en los juzgados para la gente del dirigente político y, obvio, simpatizar con las causas que en el futuro le soliciten.
Así avanza esta campaña de un ejercicio inédito, con preocupación de la autoridad electoral y con una creciente sombra de intervención de poderes fácticos ante el desinterés de los mexicanos por participar el 1 de junio.
RADAR
Las mentiras tienen consecuencias.
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