El desabasto de medicamentos e insumos médicos continúa siendo un problema grave en varios hospitales públicos del país, situación que afecta directamente la atención a los pacientes generando reclamos hacia el personal médico, sin que estos fueran responsables de esta momentánea crisis. Desde Palacio Nacional, se ha enviado el mensaje de ningún problema con este tema pero el asunto se ha agudizado tras la cancelación de procesos de licitación bajo el argumento de combatir la corrupción, decisión que no derivó en una solución efectiva al problema de fondo.
Es Marco Antonio García Ayala, líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), el que está alzando la voz de que “el abasto de medicamentos no se había normalizado” y que “si en un solo hospital hacían falta medicamentos, ya era grave”. Denunció que incluso hubo hospitales sin insumos suficientes para operar calderas o sistemas de aire acondicionado. Durante su posicionamiento, García Ayala ha pedido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar ajustes presupuestales sin afectar los programas de salud, y llamó a la Secretaría de Salud a atender con urgencia el tema.
Justo en este escenario no hay que perder de vista que el pasado 22 de abril de 2025 fue presentada ante la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma constitucional que propone establecer como obligación del Estado mexicano la garantía de la soberanía y seguridad farmacéutica. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 4º, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de cimentar un nuevo modelo que asegure el acceso oportuno y sostenido a medicamentos, vacunas y dispositivos médicos esenciales, a través del fortalecimiento de la producción nacional.
Magnicharters, de pena
Esta reforma representa una transformación profunda del marco jurídico aplicable al sistema de salud, al reconocer como funciones estratégicas del Estado la producción, almacenamiento y distribución de insumos médicos. De concretarse, estas actividades quedarían fuera del régimen de competencia económica, al no considerarse prácticas monopólicas, lo que buscaría asegurar el acceso equitativo a tratamientos esenciales, especialmente durante emergencias sanitarias o en condiciones de vulnerabilidad social. La iniciativa también quiere impulsar el desarrollo de la industria farmacéutica mexicana mediante políticas públicas orientadas a fomentar la investigación científica y la producción de medicamentos prioritarios. Muchos dudan que esto se puede lograr sin la debida legitimación de los que deseen participar.
Además, se plantea un enfoque de prevención y largo plazo en materia de abasto, proponiendo la creación de reservas estratégicas y mejoras en la infraestructura logística para garantizar el suministro continuo, incluso frente a disrupciones del mercado global. De ser aprobada, la reforma tendría efectos importantes en el orden legal secundario y los procesos regulatorios vigentes, modificando la manera en que el Estado evalúa, autoriza y supervisa a los establecimientos dedicados a la fabricación y distribución de insumos médicos. Asimismo, podría reconfigurar la relación entre el Estado y los actores del sector privado, incluyendo la posibilidad de rediseñar los esquemas de colaboración público-privada en el ámbito de la salud.
Aunque la intención de la reforma es ambiciosa y responde a una necesidad estratégica de largo plazo, expertos advierten que su implementación debe ser cuidadosamente diseñada y armonizada con los tratados internacionales en materia sanitaria y comercial. Una ejecución precipitada, sin considerar la capacidad operativa actual del sistema de salud, podría generar incertidumbre para los productores, nuevas barreras regulatorias y posibles interrupciones en el suministro de medicamentos, afectando directamente a la población. De hecho muchas empresas del sector están protestando porque en muchos puntos no están de acuerdo, incluso afirman que muchos de los que participarán no cumplen con las exigencias de lo que se plantea poniendo en riesgo la salud de los mexicanos.
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