Si la Ley de Telecomunicaciones tiene como eje rector el asalto del Estado a los insumos esenciales para la transmisión de contenidos y determinar el qué y quién puede enviar tales contenidos a través de la Agencia de Transformación Digital, de José Peña Merino, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica pretende cancelar de manera definitiva la libertad para hacer negocios lograda a lo largo de 40 años: si bien la exposición de motivos está llena de lugares comunes respecto a los beneficios de la competencia, establece los candados para que el leviatán gubernamental defina quién, cómo y dónde compita… salvo las paraestatales.
Para ese objetivo que acogota al sector privado desde su raíz se creará la Comisión Nacional Antimonopolios (Conaamon) en lugar de la extinta Cofece.
Y así como la reforma de telecomunicaciones, la reforma de competencia contraviene en su sentido más profundo al T-MEC (o a lo que queda del mismo), pues al desaparecer los órganos autónomos debido a las reformas de López que el Poder Legislativo aprobó sin cambiar una coma, se vulneran los términos pactados de contar con autoridades regulatorias autónomas y con contrapesos.
Vaya, en Estados Unidos la Federal Trade Comission, la encabeza la persona designada por el presidente —Donald Trump—, en este caso Rebecca Kelly Slaughter, en tanto que sus 5 comisionados también son electos por el presidente, pero ratificados por el Senado y no puede haber más de tres de ellos del mismo partido político.
En México, al extinguirse los mecanismos de preselección académica encargados a Banxico e Inegi (ni los subgobernadores de Victoria Rodríguez ni Graciela Márquez se han pronunciado sobre tal ninguneo), Claudia Sheinbaum determinará quién preside e integra la Comisión Nacional Antimonopolio (Conaamon).
Una tarea ingrata para Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, que tiene la labor de buscar los mejores términos para acuerdos comerciales y de inversión ante la durísima USTR, que ahora encabeza Jamieson Greer, que ahora tiene nuevos elementos de disuasión ante las aspiraciones autoritarias de su vecino del sur.
Y ello es tan sólo en cuanto a la formulación del agente regulador de la competencia que, según el régimen, debe ser considerado de izquierda…, es decir, abandonado el concepto de capacidad técnica.
El control estatista —armado sobre el andamiaje neoliberal que determina las prácticas monopólicas absolutas y relativas— eleva los márgenes de acción estatal y se permite el triple de tiempo en averiguar acciones y asociaciones (como si Peña Merino no tuviera herramientas digitales).
Vaya, el mero intercambio de información de costos de combustibles e insumos sería punible —como ya sucedió— con el diésel de los transportistas adscritos a la Canacar, que encabeza Miguel Ángel Martínez, o sobre el coste de granos para pollos —que también sucedió ya— contra la Unión Nacional Avícola, que encabeza Lorenzo Martín.
Pero no es sólo si comentan tal “acuerdo” o fusión. Basta con que se consideren “potenciales” tales actos para que inicie una investigación conforme la mirada inquisitorial de un burócrata. Igualmente sucede si algún exitoso desarrollador de software o de aplicaciones IA compra empresas en desarrollo.
Dicha reforma confiere —desde el artículo 59 al 64— poderes policiacos y opacos a la Conaamon para allegarse datos de los presuntos infractores y reservarse información que nadie sabrá de dónde salió y quién sabe qué juez de tómbola juzgará si procede acusación o dispensa.
Y en materia de telecomunicaciones la Conaamon podrá resolver la dominancia conforme a mercados regionales y locales (si una empresa pesa más en Internet y/o TV en Guadalajara como sucede con Megacable de Enrique Yamuni) y no como industria y mercado nacional como hoy sucede. Vaya, se propone legalmente liberar de sus cargas al operador dominante en la industria.
¿Alguien dijo institucionalizar el capitalismo de cuates? Bueno, aquí en la 88° Convención Bancaria se presentará James Robinson, coautor de Por qué Fracasan los Países. A ver si no se raja.
El sabio consejo del Consejo Regulador del Tequila. Y hablando de los que no se rajan, el Consejo Regulador del Tequila tiene a un nuevo presidente desde la semana pasada: Aurelio López Rocha —y que conforme a lo que establecen los estatutos del Consejo, no es parte de la industria tequilera— está al frente del organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que valida que todos los fabricantes del licor más mexicano que Pedro Infante cumplan con las disposiciones físico-químicas propias del canon de una denominación de origen que le determina como “producto distintivo” inmune a los aranceles.
Y es que el CRT, dirigido por Ramón González, es el baluarte de confianza científica para establecer el cumplimiento de la primera y única denominación de origen mexicana. Y siendo el tequila verificado por el CRT —el verdadero, no la marranilla que se expende en puestos callejeros y que han intentado validar algunos tramposos— un producto distintivo de nuestro país.
¿Una margarita?
Cambios en CFE. El run-run que da toques es que la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, ya inició con fuerza la poda de funcionarios de alto nivel que heredó de la paleolítica era de Manuel Bartlett. Nos dicen que Guillermo Nevares (Dirección de Distribución) ya causó baja, al igual que Héctor Lizárraga (Transmisión) y Rafael Narváez (Planeación Corporativa).
Que vienen relevos… y los apagones. Ya le cuento.