SPLIT FINANCIERO

Plataformas digitales piden a la Corte revisar impuesto en CDMX

Julio Pilotzi. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Julio Pilotzi. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Alianza In México, asociación que representa a plataformas digitales de intermediación, como DiDi, Lalamove, Mensajeros Urbanos, Rappi y Uber, está poniendo un documento en la mesa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitando un análisis exhaustivo sobre la constitucionalidad del cobro por el uso de infraestructura urbana, establecido en el artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México. Este impuesto “afecta” directamente a las plataformas digitales que operan en la capital del país, por lo que esta asociación expresa su preocupación sobre las repercusiones que la medida podría tener en la competitividad y en el desarrollo de la economía digital en México.

La solicitud de este gremio surge luego de la sesión pública celebrada el 30 de abril, en la que la mayoría de los ministros de la Segunda Sala de la SCJN votó en contra de un proyecto de resolución que confirmaba el amparo concedido a una de las empresas miembro de Alianza In México contra dicha medida. El asunto fue turnado a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se encargará de presentar el caso nuevamente ante la Sala para su deliberación y posible resolución final.

Alianza In México ha argumentado que el cobro por “aprovechamiento” de la infraestructura urbana es un tratamiento fiscal inequitativo, al señalar que esta medida no se aplica de manera uniforme a otras industrias logísticas que también hacen uso de la infraestructura urbana, como las empresas de transporte de mercancías o los proveedores de servicios de mensajería. Quizá se debería profundizar porque estas empresas sí pagan otros impuestos, desconocimiento de esta agrupación quizá. Pero según ellos, este impuesto crea una carga adicional para las plataformas digitales, lo que podría afectar la competitividad del sector. Ellos no hablan de las enormes fortunas que han obtenido estando en este negocio, pero sí dejan claro esa inconformidad. Además, destacan que este cobro se trata de una disposición discriminatoria de carácter recaudatorio, que no sólo genera un costo extra para las plataformas, sino que también favorece a otros sectores que se benefician de la misma infraestructura sin estar sujetos a cargas fiscales similares. Y aquí vale la pena decir que muchos de los costos los absorben los usuarios y los choferes privados.

Desde la asociación también se subraya que las plataformas digitales que integran Alianza In México juegan un papel crucial en el desarrollo económico y la inclusión digital del país. Y aquí podríamos darles la razón. Estas plataformas permiten a miles de pequeños negocios y emprendedores acceder a canales de venta digitales, lo que contribuye a generar empleo y a fomentar la competitividad en el ámbito local e internacional. Destacando sus comisiones, que son altas, elevadas, y que nuevamente absorben las Pymes. Según Alianza In México, las plataformas no sólo facilitan el acceso de las empresas al comercio digital, sino que también ofrecen una alternativa de movilidad para los usuarios, permitiéndoles acceder a servicios a precios competitivos y de calidad; eso sí, económicas no. Y ni hablar de sus tarifas bajo demanda, que pueden variar drásticamente y son alarmantes.

Si las plataformas digitales deben asumir mayores costos operativos debido a este impuesto, es probable que los precios de los servicios aumenten, lo que afectaría negativamente a los consumidores, en especial a aquellos con menos recursos, admitiendo que ellos no los absorben. Además, esta carga adicional podría desincentivar la innovación dentro del sector, afectando la creación de nuevos modelos de negocio y servicios que contribuyen al desarrollo económico del país. En este contexto, la asociación considera que las autoridades deben tomar en cuenta los efectos negativos que esta medida podría tener sobre la sostenibilidad de las plataformas y, por ende, sobre la economía digital en general.

El llamado se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la recaudación fiscal y la promoción de un entorno competitivo en el sector digital. Aseguran que la SCJN debe considerar no sólo los aspectos legales del cobro, sino también sus efectos en la sostenibilidad y el desarrollo de la economía digital. Las plataformas se enfrentan a una serie de retos internos que deben resolver, entre los que se incluyen problemas relacionados con choferes involucrados en delitos, cobros no reconocidos por los usuarios y la falta de resolución de ciertos problemas operativos que persisten sin solución efectiva. Estos desafíos, que afectan la experiencia del cliente, son una preocupación constante para las plataformas, que no han hecho los esfuerzos por mejorar sus sistemas de seguridad, sus procesos internos y la satisfacción de los usuarios.

Alianza In México espera que la SCJN, en su próxima deliberación, considere no sólo los aspectos constitucionales del impuesto, sino también las consecuencias que esta medida podría tener en el crecimiento y la sostenibilidad del sector digital. En última instancia, las plataformas digitales deben seguir comprometidas con la mejora continua de sus servicios, asegurando que sus usuarios reciban un trato de calidad, seguro y eficiente. Sin embargo, también es necesario que las autoridades reconozcan los problemas que enfrentan estas plataformas y que la regulación se enfoque en crear un entorno que fomente la competencia, la innovación y el desarrollo equitativo, eso sí, dejando claro el endurecer las sanciones a éstas por sus innumerables problemas. Veremos.

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