Se le fuga a Durazo objetivo prioritario
Con la novedad de que un líder relevante de Los Salazar —organización ligada al Cártel de Sinaloa— se fugó de un penal de Sonora. Se trata de Saúl Francisco “N”, a quien ubican con el sobrenombre de El Ponchis, y quien se encontraba recluido desde el pasado 25 de marzo pasado en un Cereso de la entidad que gobierna Alfonso Durazo. De hecho, nos comentan, cuando se llevó a cabo su captura —en la que la autoridad estatal contó con el apoyo de Fuerzas Federales— la administración del morenista celebró: “Logra gobernador Durazo certero golpe contra la delincuencia organizada”. Pero resulta que no pasó mucho tiempo para que este objetivo prioritario se escapara de la cárcel. Anoche la Secretaría de Seguridad estatal confirmó la evasión y ofreció investigar qué pasó. El “golpe certero”, por lo pronto, lo carga Durazo, quien, por cierto, antes de ser gobernador fue secretario de Seguridad federal. Uf.
Rocha Cantú en París
Relevante, la audiencia realizada ayer en el penal de Puente Grande, en la cual integrantes del grupo Los Alegres del Barranco fueron imputados por apología del delito. Es la primera vez que el Ministerio Público —en este caso el de Jalisco— judicializa una carpeta por la exaltación de delincuentes durante un evento artístico. El juez de control ordenó a los acusados no salir del estado al menos hasta el próximo lunes, por lo que el grupo no podrá hacer presentaciones durante el fin de semana. Además, exigió una garantía de un millón 800 mil pesos de manera global por las cuatro personas imputadas. Hay quienes se preguntan si ahora sí a los integrantes del grupo se les quitará lo alegre, pero, sobre todo, si dejarán de buscar la forma de burlar la ley —por lo del narcokaraoke que armaron y por el cual también ya tienen carpetas abiertas—. Lo que sí es un hecho, nos dicen, es que el ejercicio de la acción penal sentará un precedente y podría influir en que otros artistas desistan de glorificar a generadores de violencia. Veremos.
Y nos piden no perder de vista lo que ocurra en Veracruz, donde el gobierno que encabeza la morenista Rocío Nahle denunció a funcionarios de su antecesor, el también morenista Cuitláhuac García. La cosa no es menor, nos comentan, porque resulta que la actual administración acusa un presunto daño patrimonial por 200 millones de pesos en el área de Salud, basado en una revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Aunque el faltante completo podría ascender a mil 600 millones de pesos. “Ya el contralor hizo la denuncia pertinente, porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto, y si hay daño patrimonial, que es así, pues se tiene que llamar a cuentas a quien fue el secretario de Salud”, señaló la mandataria estatal. Habrá que ver qué dice el exgobernador, quien actualmente es funcionario federal, pues encabeza el Centro Nacional de Control del gas Natural, mejor conocido como Cenagas.
Al escritor Paco Ignacio Taibo II sólo le faltó ponerse a llorar, nos comentan, como cuando el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca, el 1 de septiembre de 1982. Y es que el director del Fondo de Cultura Económica planteó ante el Consejo Nacional de Morena discutir “la nacionalización del Canal 13”. Alguien debería recordarle que dicho canal ya fue propiedad del Estado durante muchos años, en los cuales sólo era una carga financiera. Con su privatización, mediante subasta pública, en 1993, se tapó una gran fuga de recursos públicos y se generó competencia en la televisión privada. La locura de Taibo, nos dicen, quizá buscaba algún aplauso, el caso es que no tuvo eco alguno ni adentro ni fuera del salón en donde sesionó el principal órgano de dirección de Morena. Ahí el dato.
Como se esperaba, el INE tiene previsto dejar en claro que no tiene facultades para revocar candidaturas en la elección judicial. Lo anterior, porque en la reforma en la materia no le dieron la tarea de revisar perfiles, sino a los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Este instituto no cuenta con atribuciones para que en segunda instancia, revoque o cancele la postulación realizada por algún Poder la Unión, ya que es un acto legal y válidamente emitido”, advierte el Instituto en el proyecto de respuesta que dará a la impugnación que hizo un exsargento contra la postulación a la Corte de César Gutiérrez Priego. Así que ya hay que irse haciendo a la idea, nos comentan, de que esta misma será la respuesta en el caso de las 26 candidaturas impugnadas por el Congreso. Si acaso se ofrecerá revisar, una vez efectuada la elección y sólo en caso de que ganen, si cumplen con requisitos de elegibilidad, y si no, revocarles el triunfo. Pendientes.
Y hablando de la elección judicial, nos hacen ver que lo único que hicieron los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al dar a conocer su lista negra de candidatos a juzgadores no idóneos, fue agitar el avispero y poner en evidencia las debilidades de un proceso electoral que, a medida que avanza, genera más dudas y preocupación. A las boletas se colaron los nombres de muchos candidatos que no cumplen con el requisito de probidad o que no acreditaron tener el promedio mínimo académico requerido, pero ahora nadie se hace responsable de ello. Andrés García Repper, exintegrante del Comité de Evaluación del Legislativo, le echó la culpa al órgano homólogo del Poder Judicial, al que acusó de “tirar el arpa”. El analista Jorge Aljovín considera que la postulación de no idóneos representa “el fracaso” de la reforma judicial. Juzgadores llevan el tema ante la CIDH y es la hora en que nadie sabe qué pasará con las plazas en donde el INE invalide triunfos. Uf.
