El regreso de Trump a la Presidencia de Estados Unidos ha producido un caos económico a nivel mundial con el establecimiento unilateral de sus aranceles.
Sin embargo, en las últimas semanas ha surgido un nuevo problema para México, que puede ser todavía más complicado que el establecimiento de los aranceles, y que se refiere a las investigaciones que realizan las autoridades norteamericanas respecto de la corrupción y el narcotráfico en nuestro país.
Tradicionalmente, los grandes narcotraficantes mexicanos son enviados a Estados Unidos para que sean juzgados en dicho país, algunos se convertían en testigos protegidos a cambio de información, sin que dicha información se conociera públicamente. Parecería que había un pacto por el cual el Gobierno de EU no utilizaba esa información contra los funcionarios del Gobierno mexicano, pero parece que ese pacto ya se terminó.
Coscorrón a desbocados de Morena
Todo cambió con la traición que hicieron Los Chapitos a El Mayo Zambada, llevándolo exprofeso a Estados Unidos y entregado sin su consentimiento a las autoridades de dicho país, como parte de un plan, que incluía un intercambio de favores entre Los Chapitos y el Gobierno de EU.
Para que el Gobierno de EU acepte un acuerdo para que alguien sea testigo protegido, generalmente, debe ser aprobado por el Programa Federal de Protección a Testigos (Witsec), el cual es administrado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), y se debe evaluar la relevancia del testimonio, principalmente, casos de narcotráfico, terrorismo y corrupción; además, el FBI y los fiscales deben evaluar si el preso enfrenta amenazas reales que pongan en peligro su vida, y en su caso, sea aceptado su ingreso a dicho programa.
Una vez aceptado como testigo protegido, el preso debe firmar un acuerdo con los fiscales, donde acepta testificar a cambio de reducción de su condena, protección para él y su familia, ayuda económica, reubicación y protección de su identidad, comprometiéndose a cortar todo contacto con su vida anterior, estando sujetos a una supervisión continua para su protección y para asegurar el cumplimiento del convenio.
El reciente ingreso a Estados Unidos y posterior entrega de 17 miembros de la familia de El Chapo Guzmán y de su hijo Ovidio, representa un acuerdo entre el Gobierno de EU y los presos, debiendo colaborar con las autoridades brindando información, situación que al Gobierno mexicano le produce una nueva preocupación, puesto que debe sospechar que varios miembros de su gobierno y del gobierno anterior, aparecerán en dichas declaraciones.
Aunado a lo anterior, tenemos el caso del retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, un hecho sin precedentes, y por más que se diga que es una cuestión informativa, se sabe que no es así, y que representa un posible caso de corrupción que pone en riesgo a su gobierno, aunado a la declaración como terroristas a Pedro Inzunza y a su hijo, que hizo el Gobierno de EU, son diversos casos correlacionados.
La cuestión es que desde EU se están decretando resoluciones jurídicas que repercuten sobre personajes mexicanos, además, sin brindar información a nuestro gobierno, situación que puede resultar enloquecedora por la gran incertidumbre y el temor que se genera en el Gobierno mexicano, y muchas preguntas sin resolver. ¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno de Trump con toda la información? ¿En realidad quiere impartir justicia, o sólo chantajear al Gobierno mexicano? Ése es el dilema.
