El gobierno de Estados Unidos ha desplegado a sus agencias de inteligencia y logrado detallar las zonas de influencia -tanto en México como en la Unión Americana- de los seis principales cárteles mexicanos que, reconocen fuentes diplomáticas en Washington, han puesto en jaque al sistema financiero.
Por eso la urgencia de “abatirlos” y desactivar sus operaciones que se han extendido por al menos 40 naciones y a las que han incorporado bandas violentas y grupos de narcos estadounidenses para mantener presencia en los 50 estados del vecino del norte.
El asesinato de dos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, presuntamente en reacción a la estrategia de seguridad emprendida para contar sus actividades en todo el territorio nacional, me aseguran no será un detonante para repensar los niveles de colaboración entre ambas naciones.

Coscorrón a desbocados de Morena
En tanto -me confirman- el gabinete de seguridad nacional mantiene una estrecha coordinación con Estados Unidos para enfrentar la crisis de opioides que se vive en territorio estadounidense pero han dejado claro que no habrá subordinación ni se permitirá la intervención armada de grupos de elite en territorio mexicano.
Me hacen notar que parte del trabajo de inteligencia realizado por Estados Unidos se ha plasmado en el informe de la DEA 2025 donde se destaca que los cárteles mexicanos blanquean millones de dólares en ganancias ilícitas utilizando redes chinas de lavado de dinero.
Además echan mano de empresas de servicios monetarios, empresas fachada y fantasma, criptomonedas, plataformas de intercambio comerciales y funcionarios bancarios corruptos, así como el simple contrabando de grandes cantidades de efectivo a través de las fronteras y que esto compromete el sistema financiero.
Si se lee con cuidado este informe 2025 se pueden encontrar elementos que evidencian la preocupación de Estados Unidos, más allá del grave problema de salud pública que enfrenta con más de 80 mil muertes relacionadas al consumo de droga durante su último año fiscal, menos si se comparan con el año previo cuando sumaron más de 110 mil.
Así pues, la inteligencia estadounidense realizó un seguimiento para detallar, en el informe de la DEA 2025 dónde y cómo operan el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Familia Michoacana, y Cárteles Unidos y la presencia del Tren de Aragua y la MS13 en México.
De acuerdo con la DEA, el Cártel de Sinaloa mantiene presencia hegemónica en Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, CDMX, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo; prácticamente tiene bajo su control las dos fronteras.
Pero el CJNG mantiene presencia significativa en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, además de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Chiapas, Campeche y Quintana Roo; el Cártel del Noreste tiene sus reales en Nuevo León, parte de Tamaulipas y Zacatecas.
La inteligencia de Estados Unidos ha definido a Michoacán, Estado de México, CDMX, Morelos y Colima, como las zonas con mayor influencia de la Familia Michoacana, pero en convivencia pactada con otros cárteles. Cárteles Unidos, una facción de la Familia Michoacana se ha aliado con el CJNG para disputar zonas de tierra caliente en Michoacán, zona estratégica para la producción de droga.
El que alguna vez fue el poderoso Cártel del Golfo mantiene su influencia precisamente en los estados con litoral en el Golfo de México, además de Nuevo León y Coahuila y con operaciones a baja escala en Jalisco y Guanajuato.
La lucha contra los grupos criminales de ambos lados de la frontera se fortalece y avanza, me aseguran.
RADAR
¿QUE CAMBIE.. PARA QUE SIGA IGUAL? Falta menos. Este 1 de junio será un día sin precedentes: por primera vez la ciudadanía podrá votar directamente por quienes integrarán la SCJN. Aunque la reforma judicial ha generado debate y resistencias, la elección va, y lo que está en juego es la posibilidad real de transformar el sistema de justicia.
Frente a un Poder Judicial históricamente opaco, esta elección abre la puerta a una Corte más representativa, con rostros nuevos y propuestas distintas. En medio de campañas dominadas por nombres tradicionales y respaldos oficiales, han surgido candidaturas que, sin recursos ni promoción en medios, han ganado simpatía ciudadana por méritos propios. Hay que reconocerlo.
Tres ejemplos: Natalia Téllez Torres Orozco, reconocida como la “ministra anticorrupción”, ha puesto al centro una justicia accesible y cercana y generado gran apoyo en redes sociales. Ángel Mario García Guerra, “el Ángel de la Justicia”, ha denunciado la corrupción en las fiscalías, conectando con quienes exigen resultados, Eduardo Santillán Pérez, ha hecho de su candidatura una causa ciudadana. Se trata de candidatos que, de manera orgánica, han logrado conectar con la gente, generar conversación y posicionar sus propuestas.
Este proceso no se trata de apoyar a alguien por consigna, sino de ejercer el voto con libertad y conciencia. Muchas veces las propuestas más valiosas no están en los reflectores ni en las encuestas, sino en el sentir popular. El día se acerca, ya falta menos.
