Concluyeron los foros en el Senado de la República y en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, en los que se analizó y discutió la iniciativa de Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo federal, con la participación de representantes de empresas, universidades y organizaciones ciudadanas, entre otros, así como especialistas del sector.
Desde que se conoció, la iniciativa recibió un aluvión de críticas por lo regresiva en términos de libertades y derechos para plataformas digitales, empresas del sector, medios de comunicación y audiencias. De ahí que rápidamente fuera popularmente socializada como #LeyCensura o #LeyMordaza.
Uno de los aspectos que es importante destacar, dado que no fue general y suficientemente discutido en las mesas, es el de los derechos laborales de los trabajadores del próximo a desaparecer Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Cónclave para el regalo de Alito
El proyecto no establece, dentro de sus artículos transitorios, ningún mecanismo por el cual la fuerza laboral del IFT se incorporaría a la Agencia que lo sustituirá. Tampoco se establece el eventual pago de indemnizaciones al personal, de acuerdo con los derechos laborales consagrados en el artículo 123 constitucional y de conformidad con los principios de seguridad jurídica y legalidad. Podrían, entonces, producirse violaciones graves a los derechos laborales y humanos del personal del IFT.
Como organismo constitucional autónomo, el IFT desarrolló un sistema de servicio profesional de carrera, uno de los más eficientes del país, que posibilitó que, con base en reglas de mérito, consolidara el acceso, permanencia, promoción y ascenso de personal del Estado mexicano con una alta y específica preparación.
La iniciativa, en este aspecto, parece prever un trato denigrante a los aproximadamente 1,400 trabajadores especializados en materia de telecomunicaciones, que se encontrarían en un estado de indefensión respecto a sus derechos laborales. La situación del personal especializado del IFT, además de afectar a ellos y a sus familias, tiene un impacto en la ciudadanía en general. Han sido demasiados los recursos, hasta ahora muy bien invertidos, que el Estado mexicano ha destinado para crear un personal especializado en la materia de telecomunicaciones. Los beneficios para la sociedad mexicana están a la vista, en términos de mejores servicios, precios, ambiente de negocios y atención y resolución de conflictos.
Con justificada razón, la fuerza laboral del IFT ha salido a las calles para defender sus derechos. Representantes de las personas trabajadoras de dicho instituto se reunieron con un par de senadores el 22 de mayo, donde expusieron sus razonables y legítimas demandas. El senador Javier Corral (Morena) y el diputado Miguel Monraz (PAN) se comprometieron a revisar la situación laboral de los trabajadores. Ojalá así sea.
Finalmente, es de interés social vigilar el proceso de aprobación de la reforma. Habiendo obtenido el control total de los tres poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos, el tiro de gracia al pluralismo político en el país y a nuestra golpeada democracia sería la aprobación de una ley que atentara directamente contra el llamado “cuarto poder”, ese contrapeso informal, eficiente en cualquier país democrático, frente a los abusos o excesos de las autoridades. Lo que está en juego no sólo es el marco de pluralidad en los medios de comunicación, sino, directamente, los derechos y libertades de la ciudadanía.
