La ruptura pública entre el presidente más poderoso y el hombre más rico del planeta revela algo más que un duelo de egos: muestra cómo se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado, se vacían de contenido los conceptos de conflicto de interés y corrupción, y se normaliza un modelo patrimonialista en el que el Estado opera como empresa personal para premiar o castigar a conveniencia.
En el centro de la disputa está la llamada “big beautiful law” (ley grande y hermosa), una reforma fiscal que Donald Trump está intentando que sea aprobada y que Musk criticó duramente. Según Musk, esta ley (que promete enormes beneficios fiscales a ciertos sectores, realiza fuertes recortes en áreas que no le importan a Trump y aumentará significativamente la deuda del gobierno) conducirá inevitablemente a Estados Unidos a una recesión antes de que termine el año. Su crítica no fue una simple declaración económica; Musk cuestionó pública y directamente el proyecto insignia de Trump, lo que desató la furia presidencial.
Así, la que había sido una despedida de Musk de la Casa Blanca sin mayores aspavientos, se convirtió en una tormenta en la que cada uno de los multimillonarios usó la red social de su propiedad, Truth Social y X, para atacar públicamente al otro. Trump comenzó a utilizar abiertamente su poder presidencial como un arma contra Musk. Amenazó públicamente con cortar contratos federales vitales para SpaceX y Tesla, argumentando que eso ahorraría miles de millones. Musk tiene un intenso vínculo con el gobierno al punto que se estima que sus múltiples empresas reciben alrededor de 3 mil millones de dólares repartidos en casi un centenar de contratos con 17 agencias federales.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
Lo alarmante es la naturalidad con que Trump usa el poder presidencial para fines personales y cómo la sociedad estadounidense comienza a normalizar estos evidentes abusos. Independientemente de que Musk está sufriendo las consecuencias de su propio conflicto de interés al haber llegado al gobierno gracias a que dio casi 300 millones de dólares a la campaña de Trump, lo que está sucediendo es el uso sin ninguna vergüenza de los poderes y recursos públicos como patrimonio personal.
La lista de medios de comunicación, firmas legales, universidades y otras tantas instituciones y personas que están siendo atacadas sistemáticamente desde el gobierno sólo por los intereses personales de Trump no deja de crecer. Históricamente, presidentes que utilizaron recursos federales para favorecer amigos o castigar adversarios enfrentaron investigaciones profundas, como ocurrió con Richard Nixon. Sin embargo, Trump ya no parece limitado por estas normas y tradiciones, erosionando peligrosamente el concepto mismo de conflicto de interés.
Es preocupante la normalización con la que los ciudadanos de EU parecen aceptar la corrupción evidente, el intercambio descarado de favores políticos por beneficios económicos y la intimidación desde el aparato estatal. Trump no sólo no escondió nunca su intención de lucrar con la presidencia sino que también está convirtiendo a la corrupción en algo ordinario.
