Hace una semana, en este espacio, cerraba mi colaboración relativa a las primeras reflexiones sobre la elección judicial en México con un argumento —a mi juicio— contundente, que los hechos confirmaron. Aquellos visitantes extranjeros que tenían la curiosidad de ver qué estaba pasando en México, con la intención de emular las elecciones de todo el Poder Judicial, recibirían un claro mensaje: no lo hagan y preserven sus instituciones democráticas.
Un par de días después, el 6 de junio, se divulgó el “Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos para las Elecciones del Poder Judicial en México”. Un documento sólido, robusto, con el prestigio de un organismo que, con gran profesionalismo y compromiso con la agenda democrática y de derechos humanos, despliega misiones internacionales de observación electoral. De ahí la relevancia de sus argumentos, recomendaciones y conclusiones.
Comento algunos de los hallazgos principales. Sobre el caos de los comités de evaluación de los aspirantes, señala que “el aspecto más preocupante del proceso fue que la capacidad de autorregulación que se dio a los comités llevó a que las reglas y procedimientos para evaluar a los postulantes fueran marcadamente diferentes y tuvieran distintos niveles de exigencia”, y que “[…] No hay garantías de que quienes resulten electos/as tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos que asumirán requieren […] La Corte IDH ha establecido que cualquiera que sea el mecanismo para la elección de jueces y juezas, éste debe garantizar que sean evaluados (sic) debidamente las condiciones de idoneidad y méritos”. Adicionalmente, no se estableció un periodo para que la ciudadanía pudiera impugnar a las personas registradas por no cumplir con los requisitos para el cargo al que aspiraban.
¿Y la cabeza fría?
En cuanto al presupuesto para la celebración de la elección, el informe resalta que el régimen sólo otorgó 52% de los recursos solicitados por el INE para realizar la elección. La OEA consigna que es la tercera elección consecutiva en que se advierte sobre las restricciones de presupuesto a las autoridades electorales. Huelga decir, todas durante el obradorato.
Dado el pequeño experimento que resultó esta elección judicial y lo que implicaría su coincidencia con otras elecciones en 2027, la recomendación de la OEA es inequívoca: introducir las reformas legales necesarias para evitar la concurrencia de las elecciones presidenciales, legislativas, gubernamentales y locales con las judiciales, considerando que, si bien el inédito y al límite demandante periodo de 10 días de cómputos distritales sí funcionó, ello fue gracias a que la abrumadora mayoría de ciudadanos le dio la espalda a la elección (sólo asistió a la urnas el 12% del padrón electoral) y, aun así, representó un esfuerzo sin precedentes por parte de las personas que realizaron el conteo. Con algunos puntos porcentuales más de participación ciudadana, el sistema para el cómputo seguramente habría colapsado.
Ante el diagnóstico, la complejidad del proceso y la polarización social que generó, la Misión de la OEA llegó a una conclusión demoledora: “La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”. Y la prístina y categórica consideración que engloba la experiencia de la Misión de la OEA: “La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”. Nada que agregar.
