En Palacio Nacional presentaron el programa de Medico en tu Casa. Se enlazaron a los diferentes estados y sus gobiernos hablaron del beneficio. Igualito que hace seis años, lo anunció López Obrador, pero ahora prometen lo que no va a dar resultados.
Morena presumió hasta los huesos ese gran programa que, como dato destacan que nunca, pero nunca se había visto un medico del gobierno federal que acudiera a consultar a domicilio, Que hoy dicen es una realidad, pero la verdad es que el servicio mucho que desear.
Bueno, no queremos aguadarle la fiesta a las gobernadoras y gobernadores, principalmente a la eufórica periodista de profesión, Mara Hermelinda Lezama de Quintana Roo que se desvivió en su enlace con la señora Presidenta, pero ese programa de Médico en tu Casa, basta recordarles que lo implementó el entonces perredista y ex jefe del gobierno, Miguel Ángel Mancera y por su éxito, fue retomado por varios estados y no precisamente gobernados por la izquierda.
Importante reconocimiento a la SHCP
Manuel Añorve Baños, arremetió contra el nuevo programa “Salud casa por casa”, presentado en Palacio Nacional, al que calificó como “una nueva ocurrencia que confirma el desastre en que Morena han convertido el sistema de salud en México”.
“Los servicios públicos de salud en México no se vinieron abajo solos, los hundió Morena desde el primer día que llegó al poder. Primero desaparecieron el Seguro Popular, luego el INSABI, después inventaron ese Frankenstein llamado IMSS-Bienestar que no ha servido para nada. Ahora salen con este programa como si fuera una genialidad, cuando en realidad es otro parche improvisado sobre los escombros que ellos mismos provocaron”, denunció el legislador priista.
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Es difícil que los legislladores de Morena como Sergio Gutiérrez acpeten que el proceso judicil reciente tuvo fallas, pero también hay que aceptar que el Poder Judicial tuvo excesos y se distorsionó.
Desde luego que era un secreto a voces que existía corrupción en la cúpula de ese Poder, era el poder dentro del poder.
Sin embargo, el presidente de los diputados, sabe que este mecanismo de cambiar todo el Poder Judicial mediante el voto popular, no será una garantía para eliminar la corrupción, aunque si una forma de buscar cambiar el sistema.
Sin temor a equivocarme, le puedo adelantar que los más beneficiados serán esos jueces y magistrados que abusaron del poder que designaban quien o quienes podían ingresar para obtener alguno de esos cargos.
Había magistrados, como fue la acusación del propio Ricardo Monreal como mandamás, entonces del Senado, que mantenían hasta 17 familiares en cargos de su circuito donde mandaban.
Además de sentirse dueños de esa jurisdicción donde eran intocables y hasta inamovibles, desde luego con el manto protector del Consejo de la Judicatura que también lo presidía el ministro presidente de la Corte en turno.
Así como ese caso del magistrado que presentó Monreal con sede en Durango, había decenas en al país, una gran parte concentrados en la sede central de la ciudad de México.
Que decir de las quejas de trabajadores del Poder Judicial con carrera que aspiraban a ser jueces, para poder llegar a ser elegidos tenía que pasar más de diez años y contar con un buen padrino de Magistrados o de lo contrario, simplemente eran ninguneados.
Y nos comentan si Alguien duda de que la llamada “ministra del pueblo” Lenia Batres Guadarrama estaba previamente elegida -o señalada por el gran dedo elector- para ser integrante del nuevo Poder Judicial.
O, existe la sospecha de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantiene su autonomía y se niega a acatar las indicaciones del Poder Ejecutivo.
Como los otros ocho futuros integrantes de la “nueva” Suprema Corte de Justicia, que entrará en funciones en septiembre venidero, en reemplazo del máximo tribunal desparecido a raíz de la reforma constitucional aprobada por la artificial mayoría impuesta por Morena y sus rémoras, la mencionada ministra que gusta de presentarse como” del pueblo”, en realidad fue designada por los altos mandos de la llamada Cuarta Transformación.
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Funcionarios de la Secretaría de Gobernación han dejado de ser garante de legalidad para convertirse en instrumento de venganza política. Así lo consideran familiares de las niñas abusadas sexualmente en Zimapán, Hidalgo, quienes aseguran que desde esa dependencia del gobierno federal se persigue a inocentes con tal de mover piezas en la sucesión en el estado. Se usa a menores de edad, se manipulan pruebas y se cancela el debido proceso.
Los denunciantes consideran que servidores públicos han cruzado la línea entre autoridad y abuso, al sumarse al linchamiento mediático de Arturo Williams Trejo Leal y su familia, pese a que ya existen resoluciones judiciales que los desvinculan de los delitos imputados.
Con pruebas débiles, peritajes que desmienten los abusos, y una narrativa construida a conveniencia, este caso es una muestra del uso político de la justicia ya que estos personajes que despachan en la calle de Bucareli, de la Ciudad de México, sin atribuciones legales, operan tras bambalinas y son una muestra del poder que actúa sin freno, sin ética y sin ley.
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