Más tardó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en emitir órdenes contra tres instituciones financieras de México, de realizar transferencias de fondos por sospechas de lavado de decenas de millones de dólares de los cárteles mexicanos, por transferir millones de dólares del tráfico ilícito de precursores químicos para producir fentanilo, que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en responder que el Gobierno de aquel país no le entregó ningún dato probatorio sobre actividades ilícitas de las mismas.
Las financieras, que rechazaron la acusación, son Vector, propiedad del regiomontano Alfonso Romo, quien fuera Jefe de la Oficina de la Presidencia los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; CIBanco e Intercam, que según el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares de los cárteles con sede en México”, y mencionó al Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo y de los Beltrán Leyva.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Luego de criticar que “hay muchos recursos que destina el pueblo de México para elecciones” y decir que ella quiere que éstas “sigan siendo limpias, democráticas”, la Presidenta Sheinbaum confirmó que propondrá una reforma electoral para revisar el financiamiento público al INE y a partidos políticos, que éste “seguirá siendo autónomo” y tachó de “falso” que busque controlarlo o que su Gobierno sea autoritario, como acusan la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Dijo en su mañanera que un planteamiento que hará en su iniciativa será revisar las listas de plurinominales y buscar que se sustituyan por legisladores de primera minoría, lo que, como ya ha ocurrido anteriormente, motivara cuestionamientos de los partidos que suelen incluir pluris que llegan a curules y escaños sin aparecer en campañas.
Por cierto que ni de parte de la presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei, ni de ningún integrante del grupo de consejeros a los que acusó, a ella, de extralimitarse al asumir atribuciones del Tribunal Electoral, y, a éstos, de estar en contra de “la voluntad del pueblo” y de su Gobierno, hubo respuesta.
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y sus aliados discuten y aprueban iniciativas, algunas muy cuestionadas, como las que amplían facultades a la militarizada Guardia Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, que la oposición califica de “Ley Espionaje” a ciudadanos.
Mientras tanto, aun con despliegue de soldados, policías estatales y municipales siguen las masacres, como la ocurrida en la fiesta en una casa en Irapuato, municipio guanajuatense en la que un grupo criminal ejecutó a 10 personas, entre ellas varios menores, y una veintena resultó herida.