La decisión de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” para declararse culpable ante una Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, por los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y portación de arma ha puesto nerviosos a políticos y empresarios en México y Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes de inteligencia de ambos países, consultadas por este columnista, la DEA y los fiscales ya tienen más que documentadas las operaciones criminales de “Los Chapitos” y lo que hoy les importa es neutralizar la protección política y el apoyo empresarial del que gozaban los herederos del otrora poderoso Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder histórico del Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Estados Unidos está harto -me dicen- de la inacción que ha tenido México -particularmente en el periodo que va de 2012 a 2024- sobre el Cártel de Sinaloa y que, bajo el puño de hierro del presidente Donald Trump, no les importará a sus voceros señalar a políticos y empresarios mexicanos y llevarlos a la cárcel… nadie está a salvo.
Magnicharters, de pena
Van por las redes empresariales que usan los hijos de “El Chapo” para invertir sus ganancias en “negocios lícitos” derivados de las actividades criminales, por las empresas que usaban para lavar dinero, por sus proveedores en Centroamérica y Sudamérica, incluyendo Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala.
Y van por sus socios, miembros y “facilitadores” en 50 estados de Estados Unidos, en todo México y en otras 38 naciones de América, Europa, Asia y Oceanía; quizá no las decenas de miles que reportó la DEA en su informe 2025, pero sí van por los más poderosos e influyentes en cada región del mundo. En la palabra “facilitadores”, me aclaran, incluye a políticos.
Los fiscales de Chicago van por aniquilar al Cártel de Sinaloa y hay varias razones: los cabecillas fundadores del Cártel de Sinaloa (El Chapo, El Güero Palma y El Mayo) fueron empleados del Cártel de Guadalajara que encabezaron Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro Quintero y que ordenaron el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena… este tema que no olvidan en Estados Unidos.
Esa es la parte romántica pues lo que importa a la justicia de Estados Unidos es desactivar de raíz el enorme poder que ha acumulado el Cártel de Sinaloa tras ser el principal contrabandista a territorio estadounidense de fentanilo, cocaína, heroína, marihuana y otras drogas sintéticas, que se ha aliado con empresarios de China e India para tener precursores, que se ha diversificado a otros delitos de alto impacto y que se han convertido en una “amenaza de seguridad nacional” y al sistema financiero de la Unión Americana.
Les ocupa desactivar la red de mayoristas de drogas ilícitas que opera en las principales ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Phoenix, Houston, Chicago, Atlanta y Miami.
Y ese control de territorios en 50 estados de Estados Unidos -de acuerdo con el informe anual de la DEA 2025- se hace con apoyo de policías, agentes de seguridad, empresas; pero en México Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa también gozan de una red de apoyos que incluyen a funcionarios corruptos y pactos de “no agresión” con autoridades mientras los dejen operar… ahí es donde expondrán a los “facilitadores” mexicanos.
Y van por ellos. Por eso la importancia de la audiencia de mañana viernes, cuando “El Ratón” se declare culpable ante el juez de la causa, ya no habrá un juicio con jurados ni un circo de años que concluya con una condena de por vida en prisión. Ya hay un acuerdo, los fiscales saben exactamente qué les va a entregar Ovidio: nombres de políticos, empresarios y facilitadores. Suave suave vuela el ave.
RADAR
CON “A” DE PRESIDENTA. Cada vez queda más claro que la Presidenta Claudia Sheinbaum le está imprimiendo su propio sello a su administración. Durante su gira del pasado fin de semana subrayó que van por un verdadero sistema de salud que no deje a nadie atrás, fustigó al extinto Seguro Popular y reivindicó el proyecto del IMSS Bienestar.
Así como en materia de seguridad hay una estrategia clara y firme que implementa el secretario Omar García Harfuch, basada en cuatro grandes ejes, en materia de salud el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación pasa por una “justicia social” con visión de izquierda.
En fin, en ambos casos (salud y seguridad) hay que espejear un poco para ver la diferencia con la narrativa del expresidente López Obrador sobre estos temas para entender que las cosas comienzan a cambiar bajo una nueva visión de Estado.
