Nos piden revisar con atención los temas que se discutirán en el Consejo Nacional de Morena programado para el 20 de este mes. Es de especial relevancia el que se refiere a la creación de una Comisión Evaluadora de Incorporaciones, que analizará las solicitudes de figuras públicas que busquen unirse al partido. Se trata de poner un candado para evitar algunas bochornosas, como las del senador Miguel Ángel Yunes y del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que pusieron en riesgo la cohesión interna del guinda. Nos adelantan que el dique servirá también para evitar que se repita el fenómeno previo a las elecciones de 2018, cuando bastaba con subirse a un templete y hacer una suerte de juramento de lealtad, para integrarse a la 4T. Y es que son ya incontables los personajes de dudosa reputación que encontraron cobijo en un partido que en ese entonces abrió la puerta de par en par. ¿Es hoy más conveniente aplicar lo de “nos reservamos el derecho de admisión”? Pendientes.
› Aproximación Ejecutivo-Judicial en Edomex
Importante reconocimiento a la SHCP
Y fue el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, quien se reunió con Héctor Macedo, presidente electo del Tribunal Superior de Justicia estatal, tras lo cual, nos aseguran se vislumbra coordinación de acciones entre el Ejecutivo y el Judicial para que la aplicación de la justicia en la entidad se dé sin privilegios, y no haya impunidad, ni pactos de élite. Se ha informado que también se habló del impulso a la agenda humanista en materia de justicia de la gobernadora Delfina Gómez. “Desde el Poder Ejecutivo y por el bien del pueblo, vamos a coordinar acciones en el ámbito de nuestras facultades”, publicó Duarte en sus redes sociales. También posteó una foto en su oficina en Palacio de Gobierno, lugar en el que recibió a Macedo. Es sabido que este último resultó electo por voto popular en las primeras elecciones al Poder Judicial. La “transformación requiere del diálogo entre poderes”, refirió el encargado de la política interna mexiquense.
Con diversos actos, México se unió ayer a la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. El del Gobierno federal se llevó a cabo en el atrio de la Basílica de Guadalupe y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien destacó que mientras en algunas regiones del orbe la violencia escala, en nuestro país el pueblo elige construir la paz: se trabaja en el territorio atendiendo las causas de la violencia, con acciones como “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Además, agregó, “el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum lo lleva a cabo a través de la frase: ‘Más territorio, menos escritorio’. Por eso decimos que es la Presidenta de la paz”. Los datos duros indican que con la aplicación de esta política de desarme, de enero a julio de 2025, han sido entregadas por sus propietarios de manera voluntaria y anónima, 2 mil 135 armas de fuego; de las cuales, mil 585 eran cortas y 550 largas; 200 granadas, 85 mil cartuchos y cápsulas fulminantes. Ahí el dato.
Vaya descontón el que recibió ayer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien la SCJN ordenó eliminar de los archivos de El Martes del Jaguar el audio de una conversación privada entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. Dicho audio data de octubre de 2022, cuando la mandataria estatal generaba mucho ruido mediático con sus transmisiones nocturnas de cada martes, en las que se dedicaba a denostar a sus adversarios políticos. Doña Layda se metió hasta con los de su propia casa pero, en ese furor inquisitorio, no calculó que difundir una conversación privada, obtenida de manera ilegal, puede dar lugar a reclamos en los tribunales. Eso fue lo que hizo Monreal. En principio obtuvo un amparo para pedir el retiro del contenido que nos ocupa; Layda lo impugnó y ayer la Corte le dio la razón al zacatecano. Por cierto, del Martes del Jaguar ya nadie habla. ¿Todavía sale?
Con la novedad de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no tuvo quien lo defendiera, por lo que se determinó que sí cometió violencia política de género en contra de la entonces diputada Juanita Guerra. Fue un largo litigio en el que diversas instancias revisaron la denuncia interpuesta por la legisladora, quien fue marginada de participar en una celebración cívico-militar en la entidad: el desfile por el Rompimiento del Sitio de Cuautla, en 2023, misma que se realizó cuando el exfutbolista era gobernador. La sanción, que ayer quedó firme, establece que el nombre del morenista figurará durante un año y medio en el registro de violentadores. Por cierto que, nos recuerdan, sobre Blanco siguen puestos los ojos de la justicia, tanto por señalamientos a su gobierno como a su comportamiento. Habrá que ver en qué concluye cada una.
La senadora morenista Cynthia López Castro agitó las aguas con una propuesta que toca fibras sensibles: que ningún extranjero pueda discriminar impunemente en territorio nacional. Su iniciativa, que permitiría al Estado cancelar visas o residencias a quienes incurran en actos de racismo, provocó un debate inmediato en redes. Pero entre el ruido y el revuelo, afloró un detalle: la iniciativa no apareció en la Gaceta Parlamentaria y sin esa publicación, el trámite legislativo no arranca. Así que será hasta el próximo miércoles 16 cuando se publique formalmente. Lo que sí se conoce es el contenido: reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, creando un artículo 83 quater que obliga al Conapred a dar vista al Instituto Nacional de Migración cuando reciba denuncias por discriminación cometida por extranjeros. Atentos.
