La compasión consiste en mirar con atención y actuar en consecuencia. —Simone Weil
En la entrega de la semana pasada expuse los principales retrocesos en los derechos humanos de las personas migrantes que representa la aprobación del Big, Beautiful Bill de Donald Trump. En esta columna me centraré en un ámbito menos visible, pero igualmente crucial: el replanteamiento del acceso a los servicios de salud.
El sistema de salud en Estados Unidos funciona mediante aseguradoras. Algunas son completamente privadas; otras reciben subsidios del Estado y exigen ciertos requisitos. Aún así, existía un amplio número de ciudadanos que no podían pagar un seguro privado ni acceder a los seguros públicos. Por ello, el gobierno de Barack Obama impulsó una reforma legal —conocida como Obamacare— que incorporó subsidios federales y permitió pagos individuales a aseguradoras privadas reguladas.
Antes del Obamacare, casi uno de cada seis estadounidenses carecía de seguro médico. En apenas seis años, la reforma redujo esa cifra a la mitad: veinte millones de personas ganaron acceso al sistema gracias a la expansión de Medicaid, los subsidios federales y la inscripción obligatoria. Hoy, cada intento de desmantelar esa política no sólo desatiende cuerpos: borra avances concretos en la historia de los derechos sociales en EU
El llamado One Big Beautiful Bill no sólo pretende levantar muros entre países, sino también entre los pacientes y la atención médica. La ley desmantela pieza por pieza el Obamacare: elimina la inscripción automática (que benefició a más de 10 millones), acorta el periodo de inscripción e impone una burocracia que dejará fuera del sistema a millones. Además, reduce miles de millones en fondos para Medicaid, impone requisitos laborales, duplica verificaciones y aplicará recortes que podrían dejar sin seguro a casi 12 millones de personas para 2034.
En pocas palabras, el trumpismo ha buscado debilitar los tres pilares: reduciendo fondos a Medicaid, amenazando con privatizar Medicare e intentando desmantelar el ACA.
El resultado: primas más altas, menos cobertura y hospitales rurales en crisis. Así, la ley no sólo refuerza un muro físico: consolida uno sanitario, separando los cuerpos que merecen ser cuidados de aquellos que, por no encajar en la narrativa del mérito, deben ser excluidos. Se invierte el principio básico del derecho a la salud: ahora se convierte en herramienta de castigo.
El derecho a la salud implica, en términos básicos, accesibilidad, asequibilidad, calidad y no discriminación. El Big Beautiful Bill vulnera cada uno de estos elementos. Reduce la accesibilidad al imponer requisitos laborales y verificaciones redundantes que excluyen a quienes viven en condiciones precarias o irregulares. Compromete la asequibilidad al elevar los costos y desmontar subsidios. Deteriora la calidad al favorecer planes de bajo costo que no cubren servicios esenciales. Y, sobre todo, rompe con el principio de no discriminación, al condicionar el acceso a la salud a la nacionalidad, el estatus migratorio o la productividad económica. Así, convierte un derecho en un privilegio volátil, fragmentando aún más el paisaje desigual de la atención médica y promoviendo la exclusión.
El Big Beautiful Bill no sólo protege fronteras: sacraliza el cuerpo blanco, sano y productivo como el único digno de atención. La ley es “bella”, sí. Pero como los cuerpos en los campos de internamiento: ordenados, controlados, silenciados.
¿Qué significa hacer del cuerpo enfermo un riesgo legal?
El Big Beautiful Bill no necesita balas: le basta con negar una ambulancia, un tratamiento contra el cáncer o el abastecimiento de medicinas que permiten conservar la vida. Imagino pocas circunstancias más crueles.