“Te pido una disculpa DATO PROTEGIDO”, es como inicia la frase que Karla María Estrella Murrieta, usuaria de la red social X, debe publicar durante 30 días por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La razón es un tuit publicado en febrero de 2024 donde la ciudadana se refirió a la candidatura de Diana Karina Barreras, haciendo referencia a un posible impulso político por parte de su esposo Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
El Tribunal consideró que el mensaje publicado durante el pasado proceso electoral constituía seis tipos de violencia: simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga.
Magnicharters, de pena
“Violencia política de género” fue la determinación por la cual Karla tendrá que pagar una multa económica, tomar una capacitación sobre género y derechos humanos, además de ser incluida en el registro del INE de personas sancionadas en materia de violencia política en contra de mujeres por 18 meses.
Y no se trata de una política, juzgadora o periodista. Karla María es una simple ciudadana con una cuenta en X como tantos, pero hoy representa el precedente de un futuro para la libertad de expresión, por demás amenazante.
En un acto de sensatez y posiblemente hasta de vergüenza, hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como un exceso, y lo dijo con todas sus letras, recordando la democracia en la que fue electa.
Y es que “ejecutora de violencia política de género” es un término que según la Red en Defensa de los Derechos Digitales, está siendo usado de manera “instrumental e hipócrita para silenciar la crítica política”.
No olvidemos que ese es un concepto que fue concebido para sancionar a partidos y funcionarios, no a ciudadanos. Y no es el único caso.
En Veracruz se está utilizando esta figura como una vía para censurar la crítica periodística, como lo han señalado el Comité para la Protección de los Periodistas, la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas y la Organización Artículo 19.
En los últimos meses en aquella entidad se han emitido sanciones a más de 20 medios y al menos nueve periodistas.
Estamos ante un patrón de censura que va desde lo más invisible hasta lo más estridente, como resultó el caso del periodista Héctor de Mauleón y El Universal, medio donde es columnista.
A ambos se les ordenó eliminar la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, donde quedaron señalados presuntos vínculos entre Tania Contreras López, próxima presidenta del Poder Judicial de la entidad y una red de huachicol.
El Instituto Electoral de Tamaulipas consideró la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, aunque el tema que se trató en el texto NO es electoral, ni tenía que ver con su género.
Campeche es el otro ejemplo, donde en respuesta a la demanda de la gobernadora Layda Sansores, una jueza impuso un “censor oficial” para supervisar y autorizar cada publicación del periodista Jorge Luis González Valdez y del diario La Tribuna.
Se les prohibió referirse a Sansores, al hallarlos responsables de “incitación al odio y violencia” por cuestionar su gestión. Sí, como un “Campeche franquista” en su mejor imitación.
¿Qué nos dice la lógica ante todo esto? Que la trampa encontró su más cálido nido, al conseguir convertir la figura que costó años construir para proteger a mujeres en la política, en un instrumento para silenciar y castigar el derecho a la libertad de expresión.
El informe Freedom on the Net 2024, de Freedom House, alerta que en México se han removido contenidos, acusados de violencia política de género, como un posible método para censurar periodismo crítico.
Committee to Protect Journalists y Artículo 19, documentan que entre 2016 y 2021 al menos 158 periodistas fueron demandados por funcionarios, buscando eliminar críticas mediante demandas civiles.
México aparece además, en los niveles más bajos del Índice de Libertad de Prensa de Reporters Without Borders (Reporteros sin Fronteras).
Incluso la propuesta de la Ley de Telecomunicaciones con su polémico artículo 109 —que otorgaría al Estado facultades amplias para eliminar contenido— fue cuestionada por la ONU.
Los riesgos de esta tendencia en México hoy son altísimos y muy peligrosos.
Sobrevivir a una política cuyos protagonistas castigan a sus críticos con persecución, “azotes” y hasta cárcel, creíamos que sólo quedaba en los libros de nuestra historia, en sus más oscuros capítulos.
Pero de pronto, pareciera que abrimos la puerta de casa y esa realidad está ahí, como un ladrón que acecha desde un presente amenazante y no podemos permitirnos optar por callar. No debemos.
Que la amenaza de los hechos recientes no se convierta en una mordaza fácil, ni en el derecho cedido de periodistas y ciudadanos. Que sea la batalla de todos, desde cualquier trinchera…
