La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), que preside José Gerardo Tajonar Castro, llevó hasta la oficina de Atención Ciudadana de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una solicitud que no pasó desapercibida. La petición, dirigida personalmente a la mandataria, propone una reforma de fondo a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de retirar a los gobiernos estatales las facultades que hoy ejercen sobre impuestos federales internos y de comercio exterior.
Estas facultades se otorgaron en sexenios panistas y quedaron sin cambios en los subsecuentes y actual sexenio, es grave ya que prácticamente tienen secuestrados a los importadores y exportadores, agentes aduanales e inclusive, tienen personal incrustrado dentro de las aduanas.
Es de urgencia cancelar esos convenios que se han convertido en extorsiones de alto impacto contra empresas del comercio exterior, a tal magnitud que su modus operandi es tener personal de las entidades federativas con vehículos afuera de las aduanas o retenes carreteros cazando a importadores, exportadores, agentes aduanales y transportistas para revisar si están en los listados de pedimentos “avisados”, de lo contrario son remolcados a patios “fiscales” estatales para una revisión profunda, esto es grave. El documento no sólo acusa actos de extorsión sistemática y corrupción en operaciones de comercio exterior, así como de auditorías de impuestos federales por parte de autoridades estatales, sino que también alerta sobre un problema que pocos han querido señalar abiertamente: las propias aduanas están siendo asediadas por esas autoridades estatales.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
La dualidad de mando entre instancias federales y estatales ha generado conflictos de competencia, retrasos logísticos y pérdida de autoridad institucional. No es menor: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reporta más de 44 mil operaciones diarias, y la recaudación en aduanas ha superado el billón de pesos anuales. Ante ese volumen, cualquier intervención fuera del marco federal se convierte en una bomba de tiempo. Cuentan que en el equipo cercano a Sheinbaum ya tomaron nota del tema, pues se trata de una petición respaldada por más de 5 mil empresarios del sector, que operan en puertos y cruces fronterizos como Manzanillo, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Tijuana y Nuevo Laredo. El mensaje subraya en todo momento que si el nuevo gobierno quiere combatir la corrupción desde el origen, la puerta de entrada y salida del país; es decir, las aduanas, deben estar blindadas de intereses estatales. Veremos si la doctora Sheinbaum lo toma como uno de los primeros ajustes estructurales en su agenda fiscal.
Avacor queda fuera. En un revés contra la firma Avacor, del matrimonio conformado por Anna Viesca y Carlos Prats, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, los mandó a la banca. Durante 30 meses, el proveedor de uniformes, equipo táctico y de seguridad no podrá participar en ninguna licitación con el gobierno. Todo porque se descubrió que la empresa entregó información falsa para entrar al proceso de licitación LA-27-703-027703982-N-15-2024, para la compra consolidada de calzado, uniformes y equipo de protección para el ejercicio fiscal de 2024. Avacor ya se encontraba en la mira de las autoridades porque la Auditoría Superior de la Federación, comandada por David Colmenares, detectó desde 2021 cómo se manejaba para obtener contratos.
Pierde Aeroméxico. Las tensiones entre Estados Unidos y México por las restricciones impuestas al espacio aéreo y la reubicación obligatoria de vuelos de carga al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) han escalado con la administración de Donald Trump, advirtiendo que podría rechazar nuevas solicitudes de vuelos desde México y revocar la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Delta y Aeroméxico.
Esta situación representa un golpe directo a Aeroméxico, que podría ser la más perjudicada, dada su emproblemada situación financiera, y la falta de liderazgo eficaz entre sus ejecutivos y más con sus minúsculas contrataciones, para sortear una crisis que se agrava con cada nueva decisión en contra del libre mercado aéreo.
Voz en off. En 2023, la extinta Cofece inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en el sector inmobiliario, derivadas de una denuncia impulsada por Ignacio Lacunza Magaña, entonces al frente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). El señalamiento apuntó a Grupo Navent, controladora de Inmuebles24 y hoy propiedad de la brasileña Quinto Andar, por presuntamente afectar los costos de los servicios de los agentes inmobiliarios y retrasar los tiempos de comercialización de propiedades. E incluso agravar el tema de la gentrificación.
El tema es relevante porque hoy que se habla de ello, esta resolución es urgente. En el tema también están Vivanuncios, la extinta Segundamano e Inmuebles24, lo que amplifica el alcance del posible daño al mercado...
