Estados Unidos acusa a México de violar el Acuerdo de Cielos Abiertos de 2015 y han anunciado sanciones a la industria aeronáutica a través de la DOT, que es la agencia federal que regula el transporte aéreo en ese país, incluyendo cuestiones internacionales.
Aseguran que México cometió prácticas anticompetitivas e incumplió compromisos internacionales, algo que es totalmente cierto.
La violación a los acuerdos de aviación los viene cometiendo México desde el gobierno de López Obrador, cuando decidieron no sólo cancelar el aeropuerto de Texcoco, que se estaba construyendo porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está saturado, sino que cambiaron todo el diseño del espacio aéreo y obligaron a las empresas de carga llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
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Y es que las decisiones unilaterales sobre aviación y espacio aéreo comienzan a cobrar factura al Gobierno mexicano y podrían causar daños irreparables, con lo que se verían afectados los vuelos desde nuestro país hacia Estados Unidos y la posibilidad de regresar a la categoría 2 en seguridad aérea.
Hoy son dos los principales reclamos que hacen a México. El primero es la reducción de slots, que son horarios de despegue y aterrizaje que tradicionalmente estaban asignados a aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El aeropuerto capitalino operaba hasta con 61 vuelos por hora hasta agosto de 2023 y fue la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) la que, en ese momento, decretó una reducción a 43 operaciones por hora, cifra que acaba de ser ajustada el pasado mes de mayo.
Y se impuso el traslado obligatorio de todas las operaciones de carga aérea de empresas estadounidenses que llegaban al AICM hacia el AIFA, una terminal más alejada y con retos logísticos adicionales para los operadores.
El enviar todas las operaciones de carga al AIFA genera costos de traslado extras para las compañías y las empresas estadounidenses, como FedEx y UPS, que han tenido gastos más elevados en dinero y en tiempo por esa decisión.
Recordemos que la reubicación forzosa de las operaciones de carga se ordenó con un preaviso de apenas 108 días hábiles. En poco más de 100 días, estas empresas tuvieron que mudarse a otro aeropuerto con todos los costos directos para ellas, además de afectar a cientos de empleados cuyo lugar de trabajo está mucho más alejado y con un costo fuerte de traslado también para el trabajador.
La justificación, según en ese momento, era la saturación en el AICM y que comenzaría una serie de obras de infraestructura que, de acuerdo con el Departamento de Transportes de EU, en tres años nunca se llevaron a cabo, lo que ha generado perjuicios económicos para las compañías de la Unión Americana.
RETROCESO EN LOS CIELOS
La realidad es que el objetivo era descongestionar el AICM y fortalecer la operación del AIFA. Por ello, el gobierno de López Obrador emprendió una reconfiguración del espacio aéreo del Valle de México que desató tensiones diplomáticas con Estados Unidos y generó cuestionamientos de aerolíneas y operadores logísticos.
Ahora, Estados Unidos ha impuesto medidas, como la presentación obligatoria de horarios, es decir, todas las aerolíneas mexicanas que operen vuelos hacia ese país deberán registrar sus cronogramas ante el DOT para su supervisión.
También las aerolíneas mexicanas tendrán que contar con una autorización previa para vuelos chárter: se requerirá una aprobación explícita del DOT antes de la operación de cualquier vuelo chárter con aeronaves de gran capacidad entre ambos países.
Y han pedido revisar la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines, la cual, si así lo decide Estados Unidos, tendría que finalizar, y se perderían las rutas que comparten.
Las dos aerolíneas sólo podrían mantener acuerdos de código compartido y programas de viajero frecuente, lo que reduce su capacidad de competir con otras aerolíneas.
Tanto Delta como Aeroméxico preparan una respuesta conjunta al gobierno de Trump; por ahora, piden revalorar las sanciones, ya que consideran que no es justo que paguen por las acciones del Gobierno mexicano.
Las aerolíneas advierten que, de cancelar su alianza, pondrían en peligro casi dos docenas de rutas y 800 millones de dólares que provienen del gasto turístico, ya que, según sus datos, más de 140 mil estadounidenses viajan a México y casi 90 mil viajeros mexicanos visitan el otro país, con lo que se perjudicarían las economías de ambas naciones, además de que están en juego decenas de empleos.
Desde enero de 2024, autoridades estadounidenses habían advertido que la forma violatoria en la cual el Gobierno mexicano estaba tomando decisiones, tendría consecuencias. Hoy ya las hay.
Y otro tema. Las decisiones unilaterales del Gobierno de México respecto al AICM y al AIFA también pueden tener implicaciones dentro del marco del T-MEC, al limitar el acceso equitativo a servicios de transporte, violar principios de trato nacional y omitir mecanismos de consulta.
Y es que el Gobierno de nuestro país podría contravenir el Capítulo 15 del T-MEC, que prohíbe imponer restricciones al número de proveedores o requerir que las empresas operen sólo en ciertas zonas, salvo que haya razones fundadas y equitativas.
